“Este consorcio de abogados está figurando como ONG, siendo que estas organizaciones son sin fines de lucro, pero esta es la única en su especie que está cobrando al Estado, al menos, 2,5 millones de dólares por el caso Mutún (con la firma indú Jindal Steel Bolivia S. A.). Debe haber una investigación por parte del Órgano Legislativo y además establecer una de auditoría externa”, puntualizó.

En criterio del jurista, la conformación de la firma Alliance Abogados Asociados responde a una deliberada intención de beneficiarse con recursos del Estado, no obstante del ejercicio público que les permitió acceder a contactos e información de manera desleal.

El procedimiento jurídico de arbitraje internacional, mediante orden procesal, exige al Estado demandado la designación de una firma de abogados, a conocimiento de este requisito ambos abogados vinculados al MAS forman el consorcio sacando ventaja sobre el resto de los profesionales abogados que, además no figuran como ONG.

Según la valoración del constitucionalista, el Estado boliviano debe atender millonarios procesos internacionales, entre ellos, la nacionalización de las hidrocarburíferas Chaco por 357 millones de dólares, Transredes por 241 millones de dólares, Entel por otros 100 millones de dólares, además de otras ocho empresas internacionales demandantes.

La ventaja indebida en favor de Alliance Abogados Asociados también tiene que ver con adjudicación de los procesos de manera directa, sin licitaciones públicas.

Asimismo, el Estado boliviano debe responder las demandas ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por violaciones a los derechos fundamentales que suman cerca de un centenar de personas, cuyo resarcimiento supera los 50.000 dólares en cada caso, según la valoración de Santistevan.

“La corte normalmente atribuye en sus resoluciones entre 70.000, 80.000, 100. 000 dólares como una media para indemnizar por daños y perjuicios, asumiendo esa responsabilidad pero con mucho retraso por parte del Estado, hasta la fecha”, sostuvo.

A decir de Santistevan, los funcionarios de la Procuraduría General del Estado (PGE) no están cumpliendo sus funciones limitándola a un organismo “simplemente figurativo o adorno” que no tiene ninguna función importante, actuando como intermediadora entre los demandantes y el Estado boliviano.

“Eso no le sirve al Estado es una pesada carga. Esta situación da a entender un claro favoritismo por parte del Gobierno nacional hacia ese bufete jurídico y no en favor de la defensa del Estado para lo que fue creada. La pregunta es: ¿Para qué sirve el consejo de abogados de la procuraduría? Hay una falta de lealtad hacia el Estado y una falta de ética profesional de los mencionados (Zaconeta y Menacho)”, cuestionó.

Santistevan planteó la intervención del Viceministerio de Transparencia y Lucha Contra la Corrupción, además de la investigación por parte de legisladores nacionales a fin de evitar el desangramiento económico del Estado por los laudos arbitrales que van en contra de la economía de todos los bolivianos, mucho más ahora que se vive una situación de dolor por la pandemia.