“La reforma judicial al momento se encuentra paralizada, no se está realizando ninguna gestión, ninguna actividad ni acto alguno a favor de ello”, dijo.

Por otro lado, apuntó a que el recorte presupuestario al Órgano Judicial es como limitar la respiración a un ciudadano.

“Pese a todas las deficiencias que tiene todo el sistema judicial, el Gobierno les ha acortado el presupuesto, en vez de mejorar y ampliar. Evidentemente la pandemia ha ocasionado crisis a nivel mundial y lamentablemente el discurso del actual Gobierno no es coherente, ya que aseguran que en los 14 años que estuvieron en el poder, han dejado al país con una economía estable, y no puede ser que en un año desaparezca esa estabilidad”, apuntó.

OBSTÁCULOS

Por otro lado, el abogado Raúl Prieto manifestó que los principales obstáculos de acceso a justicia están relacionados con la precaria cobertura de los servicios, corrupción, injerencia política y tráfico de influencias, como el único medio para obtener resultados, lo que incrementaría con el recorte presupuestario.

“La insuficiente infraestructura física y los escasos recursos financieros determinan que en muchas áreas rurales, los servicios de justicia sean inexistentes o insuficientes, por ejemplo en 2004, sobre un Presupuesto General de la Nación (PGN) que asignaba un 64.21 % a la administración central, el área de justicia tenía apenas una incidencia del 0.84 %, y con ese presupuesto no se puede tener una justicia de calidad”, apuntó.

“INSULTO”

La abogada Paola Barriga apuntó que la reducción de sueldos en el Órgano Judicial es un insulto para el trabajo que realizan, tomando en cuenta que para llegar al cargo de juez o magistrado, los profesionales deben contar con la experiencia suficiente y muñirse de todo conocimiento que sea posible para realizar un trabajo probo, aunque lamentablemente no todos cumplan con los requisitos.

“Reducir los sueldos es desmerecer el trabajo que ellos hacen, se desacredita el conocimiento que han adquirido para realizar ese trabajo”, lamentó.

También que el Gobierno, en vez de incrementar, disminuya el presupuesto al Órgano Judicial ya que para la aplicación de las leyes se requiere nuevos esquemas dentro de los juzgados.

“No puede ser, por ejemplo, que para las víctimas de violencia, un fiscal tenga que llevar 1.500 procesos, necesitamos tener más fiscales, que nuestros investigadores sean mejor pagados. Esta reducción de presupuesto generará más corrupción porque lamentablemente como tienen menos presupuesto, como se requiere más gastos, ellos van a tener que pedir a los litigantes, y en definitiva siempre nos ponen entre ciudadanos de primera y segunda y el ciudadano que no tiene, no puede avanzar su proceso. Lamentablemente el Estado se olvida de justicia”, apuntó.

En esa línea, dijo que con la reducción de presupuesto ya no existirá justicia en el país y que las sentencias serán ha pedido. “Vamos a estar sometidos a fallos que no corresponden, porque esas víctimas ya no van a poder hacer nada”.

REDUCCIÓN

DE SALARIOS

El Órgano Judicial, a través del Consejo de la Magistratura, aprobó ayer una nueva escala salarial tras el recorte presupuestario realizado por el Gobierno a raíz de la crisis económica que vive el país.

Por la crisis económica, la Ley Financial 1356 del PGE 2021 contempla un monto de 960 millones de bolivianos para el Órgano Judicial, con una reducción de aproximadamente 100 millones en relación a lo presupuestado para el 2020.

El presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, explicó que el recorte fue significativo para la parte administrativa en una proporción del 11 % y el 3 % y en el caso de jueces.

Michel indicó que la medida no afectará las remuneraciones que no son altas, librando así a los operadores administrativos.

Al respecto, el exdiputado Amilcar Barral manifestó a EL DIARIO que la reducción de salarios, principalmente a los Consejeros de la Magistratura, demoró, tomando en cuenta el “poco trabajo que realizan”.

“Ya era tiempo de esa reducción de salarios, por el poco trabajo que hacen, sin embargo, no es nada en función a los negociados que se hace en la justicia, lindo sería que haya un cambio radical, eso es lo que hace falta al país, el resto es solo parafernalia”, apuntó.

El abogado Vera dijo que la reducción de sueldos debió ser aplicada desde la primera ola de la pandemia, siendo que es una medida que se aplicó a nivel mundial.

“Cada magistrado cuenta con personal auxiliar a su cargo, como asesores, asistentes, auxiliares, secretarias. Cada magistrado tiene entre diez y 15 colaboradores, extremo que supone un gasto adicional de 150.000 bolivianos mensuales, independientemente del sueldo de los magistrados, por lo que también debería haber reducción de personal, más aun cuando no hay atención presencial en los Tribunales de los diferentes departamentos del país. No se justifica que haya personal en exceso en el Tribunal Supremo de Justicia ni en los Tribunales Departamentales”, dijo.