“El 1 de abril se registró el delito de extorsión, cuando Adriana L. M., de 27 años, quien dice estar embarazada de su expareja, le pide 70.000 bolivianos, bajo el argumento de denunciarlo por abandono de embarazada. Luego de las investigaciones se determina que ella no estaba embarazada y que ya en otra ocasión había usado este modus operandi en el pasado”, precisó ayer el ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo.
Del Castillo dijo que entras las pruebas están las conversaciones a través de WhatsApp entre la mujer y la víctima, fotocopias del dinero entregado y extracto del banco que da cuenta del retiro del dinero.