“Como ya conocemos su paradero, nosotros vamos a emitir la imputación formal contra estas dos personas hasta el día viernes. Emitida la imputación formal, vamos a cumplir los requisitos que la ley nos establece a objeto de poder solicitar y activar la notificación roja y poderlos traer a Bolivia para que puedan responder por este caso”, explicó Cossío.

La autoridad del Ministerio Público de La Paz, precisó que Murillo y López son investigados por los delitos de incumplimiento de deberes, uso indebido de influencias y otros, debido a que presuntamente compraron material antidisturbios a un precio mayor al que pagó el gobierno venezolano.

INTERPOL

El 4 de diciembre de 2020, la Interpol rechazó la activación de la notificación azul, en contra de Murillo y López, por considerar que el proceso que se les sigue por la compra de material antidisturbios con presunto sobreprecio para la Policía, es político.

En la oportunidad, el director nacional de Interpol-Bolivia, Pablo García, aclaró que el artículo tercero del Estatuto de Interpol señala que está rigurosamente prohibida la intervención en cuestiones o asuntos de carácter político, militar, religioso o racial.

El 17 de noviembre de 2020, el fiscal Fernando Atanasio informó que Murillo y López son investigados por la compra con presunto sobreprecio de balines de goma y gases lacrimógenos para la Policía. Esta investigación fue hecha en primera instancia por una comisión especial de la Asamblea Legislativa de la anterior legislatura, que tenía dos tercios de voto del Movimiento al Socialismo (MAS).

La Policía confirmó que los dos exministros del gobierno de Jeanine Añez, dejaron el país a las 14:25 del 5 de noviembre de 2020, por la población fronteriza de Puerto Suárez, minutos antes de que se conociera y se activara el requerimiento de alerta migratoria.

MIGRACIÓN

El 21 de noviembre de 2020, el exdirector general de Migración Marcel Rivas fue enviado con detención preventiva al penal de San Pedro de La Paz, imputado por supuestamente ayudar a que los exministros López y Murillo salieran del país, sin embargo, la exautoridad recordó que gracias a un convenio suscrito en enero pasado, la Fiscalía pudo activar la alerta migratoria de manera directa, sin recurrir a hojas de ruta.

En enero de 2020, el fiscal general Juan Lanchipa, el entonces ministro de Gobierno, Arturo Murillo, suscribieron un convenio interinstitucional de cooperación, cuyo objetivo era poner en vigencia mecanismos de acceso a la información referida al flujo migratorio que se genera en la Dirección General de Migración (Digemig) y datos del Sistema Informático Justicia Libre (J.L1) de la Fiscalía, de forma que se tenga información oportuna respecto a los mandamientos de aprehensión y arraigos de determinados ciudadanos.