Después del cese de sus funciones de los consejeros de la Magistratura Dolka Gómez y Gonzalo Alcón, el exdiputado y excandidato a alcalde de La Paz Amilcar Barral solicita una auditoría a la designación de 169 jueces. El exlegislador aclaró a EL DIARIO que por “irregularidades” en esa elección, los ahora exmagistrados fueron a un juicio de responsabilidades en la Asamblea Legislativa.

El exlegislador manifestó que, el pasado viernes, realizó la solicitud de auditoría al presidente del Consejo de la Magistratura, Omar Michel, y la Sala Plena de esa instancia, por la designación ilegal de 169 jueces en todo el país, misma que fue acompañada con toda la investigación que se hizo en la Asamblea Legislativa.

“Hemos presentado formalmente con una nota y las pruebas correspondientes ante el pleno del Consejo de la Magistratura para que los exconsejeros Gonzalo Alcón y Dolka Gómez sean investigados por la designación de 169 jueces”, dijo.

Recordó que cuando era diputado, en coordinación con legisladores del Movimiento al Socialismo (MAS) impulsó un juicio de responsabilidades contra los magistrados por haber “cobrado” para la designación de jueces.

“Existen en el país 169 jueces que quedan dudas de cómo han sido designados por estos dos exmagistrados. No simplemente tendría que terminar con la salida de los consejeros, sino que hay que investigar cómo se realizó la selección, cómo se designó a la funcionarios de Derechos Reales”, dijo.

Asimismo, adelantó que hará llegar las copias de la investigación, que la Asamblea Legislativa realizó contra Gómez y Alcón, al ministro de Justicia, Iván Lima, y al presidente de la Cámara de Diputados, para que reabran el caso.

JUICIO DE

RESPONSABILIDADES

Barral apuntó que en el juicio de responsabilidades, que se inició en la Asamblea Legislativa, llegó hasta la imputación formal, porque todas las denuncias fueron sustentadas con pruebas, documentos, testigos y víctimas múltiples y cuyo monto de extorsión y cobros irregulares sumaban al menos dos millones de dólares.

“Este proceso llegó hasta la emisión de informe de imputación formal, aprobado por unanimidad en la Comisión de Justicia Plural, en septiembre de 2020, actualmente tiene una apelación pendiente, porque la Comisión de Constitución de forma irregular benefició a los consejeros tratando de anular obrados en más de una oportunidad”, explicó Barral.

DESIGNACIONES

IRREGULARES

Barral apuntó que la Comisión de Justicia Plural y Ministerio Publico, de la gestión 2019 – 2020, evidenció que en fecha 11 de octubre de 2019, se designó como juez de Instrucción Penal de Cochabamba a Wilson G. S. P., quien tiene sentencia N° 47/2019 de 30 de julio de 2019.

Asimismo, refirió que en fecha 10 de octubre de 2019, se nombró al abogado Freddy G. Ch. C., como juez de Instrucción Penal de El Alto, actualmente, sometido a un proceso penal en su contra por soborno a víctimas de feminicidio, cohecho y falsedad material e ideológica.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó a Ana A. Q. C., como juez Público Civil de Oruro, quién es la esposa del actual asesor de Presidencia del Consejo de la Magistratura, Rafael P. T. L.

En fecha 10 de octubre de 2019, se designó como juez Público Mixto Civil y Comercial, de Santa Cruz, a Julio C. G. C., quien fue destituido como juez Disciplinario del Distrito Judicial de Pando.

Asimismo Barral en coincidencia con el exlegislador, Víctor Borda, refirió que designó a los peores calificados, reprobados, a los que ocuparon el quinto, sexto y séptimo lugar, excluyendo a los mejores calificados.

Entre otras irregularidades cometidas por los consejeros está el traslado de jueces de provincia a capital, de forma discrecional y la designación de “amigos y funcionarios del Consejo de la Magistratura” como jueces.

JUECES CON

PROCESOS PENALES

Se designaron como jueces a 19 personas que tenían procesos penales en curso, por delitos que van desde incumplimiento de deberes hasta estafa y robo.

Ante la Comisión de Justicia Plural declararon testigos que indicaron que para la designación de jueces, los consejeros cobraron entre 15.000 a 25.000 mil dólares.

PRUEBAS

Barral apuntó que en la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, se quedaron pruebas como documentación probatoria, declaraciones de testigos y víctimas, audios, declaraciones informativas, más de 1000 hojas de pruebas recolectadas durante más de un año de investigación, mismas que confirman las designaciones ilegales y los cobros por “venta de pegas”.

IMPUTACIÓN

El exlegislador recordó que en septiembre de 2020, la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado, aprobó, por unanimidad, el informe preliminar, CMPDLE N° 11/2019-2020 de imputación formal, por los delitos de uso indebido de influencias, beneficios en razón del cargo, concusión, incumplimiento de deberes y nombramientos ilegales, previstos en los artículos 146, 147, 151, 154 y 157 del Código Penal, contra Gonzalo Alcón Aliaga y Dolka Vanessa Gómez Espada, con daños económicos al Estado que superan los dos millones de dólares, con víctimas múltiples, provenientes de cobros por venta de cargos y otras extorciones.

CESE DE FUNCIONES

El 29 de julio, los consejeros Marvin Molina y Sandra Soto remplazaron a las exautoridades Gonzalo Alcón y la Dolka Gómez, que fueron cesados del cargo “ipso iure” mediante la Resolución Constitucional N° 150/2021 de 26 de julio y Auto Complementario de 28 de julio de 2021, emitido por la Sala Constitucional 2da del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz.