Evitar que los jueces realicen trabajos administrativos, garantizar su independencia económica y estabilidad laboral, son las medidas que la Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) plantea para cumplir con sus funciones establecidas en la Constitución Política del Estado (CPE) y las leyes.

“Un juez que está siendo amenazado de manera constante ante las afirmaciones de que será destituido de su cargo en cualquier momento (situación que constituye acoso y hostigamiento laboral), eso genera en el funcionario un conflicto que no permite trabajar de manera sosegada, porque está preocupado de que se cumplan las amenazas y cualquier día pueda ser destituido de su fuente laboral, esto se agrava si consideramos que los jueces no estamos dentro de la Ley General del Trabajo y al momento de la desvinculación salimos con el último sueldo”, advirtió la presidenta de Amabol, Grenny Booling en contacto con EL DIARIO.

Booling aclaró que de acuerdo al artículo 178 de la CPE, las garantías de la independencia judicial son: El desempeño de los jueces de acuerdo a la carrera judicial y la autonomía presupuestaria del Órgano Judicial.

“Lamentablemente no se tiene autonomía presupuestaria, toda vez que es el Ejecutivo quien determina el presupuesto del Órgano Judicial, en realidad el monto asignado es menor al asignado a algunos ministerios, es decir que no se reconoce la condición de Órgano del Estado, en cuanto al presupuesto”, lamentó.

De acuerdo a denuncias del Órgano Judicial, en 2021 sufrieron una reducción de Bs 174 millones de su presupuesto anual; de los 1.034 millones que recibían cada gestión, el año pasado solo obtuvieron 959 millones. No obstante, en la misma gestión, mediante el Decreto Supremo 4484, el gobierno de Luis Arce decidió incrementar el presupuesto del Viceministerio de Comunicación de 59,5 millones de bolivianos a 110,2 millones. Se trata de un aumento de 50,7 millones de bolivianos respecto de los recursos que tenía en la gestión 2020, según publicación de un medio de comunicación de circulación nacional.

EVALUACIONES

Para salir de la crisis en la que actualmente se encuentra el Órgano Judicial, la representante de Amabol manifestó que debe someterse a evaluaciones conforme prevé la Ley 025, respetando las recomendaciones internacionales.

“(Debemos evaluar) con reglamento de evaluación previo, que delinee la forma de evaluación, respetando el derecho al trabajo, con personal idóneo con conocimiento y experiencia en el área jurisdiccional y no solo administrativa, donde además intervengan necesariamente pares, es decir, evaluación por pares, sujetando a todos los jueces a evaluación, sin discriminación que coloque a los jueces en posición de jueces de primera y de segunda”, apuntó.

Respecto a los exjueces que se encuentran procesados, manifestó que se debe proseguir las investigaciones, respetando sus derechos constitucionales como el de cualquier persona, garantizando la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, hasta llegar a la verdad histórica de los hechos y en caso de comprobarse la existencia de la comisión del delito, se sancione conforme lo prevé la ley.

REFORMA

La representante de Amabol manifestó que luego de un análisis, coincidieron en la necesidad de una reforma judicial, desde la forma de elección de las altas autoridades del Órgano Judicial, la reforma de la Ley 025, que no se ajusta a la realidad actual, y respecto al régimen disciplinario, al que consideran vulneratorio a derechos fundamentales, al permanecer en un sistema “inquisitivo transgresor”, entre otros del derecho a la defensa y la presunción de inocencia.

Aclaró que los jueces son procesados por dos vías, una primera por faltas leves, graves y gravísimas, ante juez disciplinario y los hechos tipificados como delitos ante el Ministerio Público, como el caso del exjuez Rafael Alcón.

“NO GENERALIZAR”

Respecto a los jueces procesados por liberar asesinos, Booling aseguró que no se pueden realizar afirmaciones definitivas, en tanto no concluyan las investigaciones que establezcan la existencia de responsabilidad en la conducta de jueces y/o exjueces y que no corresponde hablar en plural.

“No corresponde hablar en plural, incluyendo a todos los jueces, toda vez que son hechos aislados que involucran a determinadas personas y no todas corresponden a actos jurisdiccionales; cada funcionario, así como personas en general, actúa de acuerdo a los valores que le fueron inculcados en la familia”, dijo.

Aclaró que para detectar a qué se atribuye las supuestas irregularidades, inicialmente se debe establecer la existencia de las mismas, de lo contrario se estaría atribuyendo una conducta que aún se encuentra en proceso de investigación.

“La sociedad a delegado la resolución de sus conflictos al Órgano Judicial para materializar la justicia, y precisamente ante estos acontecimientos tan sensibles, es cuando más debe confiar la sociedad en la justicia para restablecer la paz social, en la que cualquier exjuez investigado, goce los mismos derechos de los que goza toda persona”, dijo.