Las declaraciones de Peña y Lillo se dan luego de conocerse que ante la Fiscalía, Oscar Antonio de La Fuente Amelunge, el “testigo” ofrecido por la exdiputada Lidia Patty (MAS) en el caso del supuesto “golpe de Estado” de 2019, cuestionó los méritos de los oficiales para asumir cargos como viceministro de Defensa o ser director general de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), porque no serían parte de la carrera militar.

“Los militares pueden ocupar cualquier cargo dentro del sistema de Gobierno, normalmente son buscados porque durante su carrera aprenden lo más importante como planificación, manejo de personal, sistema logístico y organización. Incluso un militar en servicio activo puede servir en el Gobierno, siendo enviado en comisión por un tiempo máximo de dos años”, aclaró el general a EL DIARIO.

De la Fuente cuestionó que “la mayoría” de los militares ascendidos en el gobierno de Jeanine Añez asumieran después cargos políticos, lo que en su criterio “se traduce en un pago de favores, porque los gobiernos donde se interrumpe el orden constitucional, generalmente premian a personas que no necesariamente tienen el mérito”.

“Está acusando a todo un conjunto, sin tener ninguna prueba, demuestra que no tiene idea de lo que dice porque cuestiona los méritos que tienen para asumir cargos como viceministro de Defensa, quién va a ocupar ese cargo, ¿un carpintero?, tendrá pues que ser un general especializado en seguridad y defensa, ahora mismo es una vergüenza que tengamos como director de logística a un abogado, cuando un abogado sabe muy poco o nada de seguridad de defensa, por eso es que los directores deben ser militares, dentro del sistema del Ministerio de Defensa”, apuntó el general en servicio pasivo.

Peña y Lillo dijo que el Ministerio de Defensa no puede ser un botín político, y de der así se demostraría el poco respeto que se tiene por las Fuerzas Armadas (FFAA).

SALARIOS

El general explicó que dentro el reglamento castrense se estipula que si un militar de servicio activo ocupa un cargo en el Gobierno, este debe ser declarado en comisión por un tiempo máximo de dos años y ya no dependería del Comando en Jefe sino de la Presidencia que lo nombró y del ministerio correspondiente.

El militar declarado en comisión –dijo– deberá decidir si opta por recibir remuneración por su nuevo cargo o seguir percibiendo su sueldo de militar.

“Por ejemplo, si un militar es nombrado viceministro en el Ministerio de Trabajo debe escoger entre su sueldo de general o coronel o el sueldo de viceministro; generalmente escogen el sueldo de militar, porque si uno deja de aportar a las AFP ya no tiene la jubilación completa, por lo tanto todo el mundo prefiere mantener su sueldo de militar que aunque es más bajo, le permite llegar a la jubilación”, aclaró.

En caso de que el cargo sea ocupado por un militar en servicio pasivo, no necesita ningún permiso y el trabajo que realice será ad honoren.

“Los militares del servicio pasivo que ocupan cargos reciben una renta y no pueden percibir el sueldo del cargo público, el trabajo sería ad honoren”, apuntó.

Peña y Lillo aclaró que la carrera militar no supone que los miembros terminen millonarios, ya que la mayoría que ejerció su carrera de manera transparente llegó a su jubilación con una casa y un vehículo.

PROMOCIONES 85 Y 86

En su declaración ante la Fiscalía, De la Fuente dijo que “sería importante convocar a las promociones 85 y 86 de las tres fuerzas (armadas) que alcanzaron, el 2019, el grado de generales de división o vicealmirantes, a efecto de llegar hacia la verdad histórica de los hechos, porque la mayoría de sus miembros, después de su ruptura del orden constitucional asumieron cargos políticos o institución”.

Peña y Lillo aclaró que hace cuatro meses la promoción 1985 pasó a la jubilación para efectos de sueldo. A la promoción 1986 le falta ocho meses para pasar a la jubilación, en este momento se encuentran en la reserva activa.

“En 34 años de servicio activo y el año 35 todos entran a la reserva activa y cuando concluye el año, pasan a la jubilación”, apuntó.

Refirió que de la promoción 1985 se jubilaron 220 oficiales aproximadamente y al menos 180 en el grado de suboficiales y sargentos. Un número similar es de la promoción 1986.

“De ese total un máximo de cinco personas llegan a ocupar cargos públicos, ¿por qué?, porque es una estructura vertical que funciona en base a la meritocracia”, dijo.

El “testigo” apuntó que se debería investigar las fortunas y el origen de los patrimonios de las promociones 1985 y 1986, en función a sus ingresos hasta el tercer grado de consanguinidad y segundo de afinidad, además que se corroborar que el patrimonio que se adquirió sea correspondiente al patrimonio tributado.

Al respecto, el general en servicio pasivo apuntó que se tendría que revisar también los bienes de todos los funcionarios públicos de los últimos 20 años ya que los militares tienen controlado su patrimonio porque cada año se actualizan sus datos.

“En vez de pedir investigar las fortunas de los militares, deberían investigar las denuncias que él tiene en la Fiscalía, ya que el hacerlas desaparecer no implica que sea un hombre honesto”, apuntó a tiempo de lamentar que las declaraciones de una persona “poco seria” sean tomadas en cuenta.

Según el historial de la Fiscalía General, entre 2009 y 2017 De la Fuente fue denunciado nueve veces, empero todos los casos fueron cerrados.