Activistas “antivacunas” amenazan con toma violenta de medio de comunicación
La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) rechazó las amenazas y reclama a la Fiscalía la protección al trabajo periodístico que está comprendido en la Constitución Política del Estado (CPE) y el Código Penal.
El martes 4 de enero, un grupo de hombres y mujeres realizaron una protesta en las puertas del medio impreso, interrumpieron las actividades administrativas y durante una hora y media, lanzaron consignas que atribuyen a El Deber una alianza con el Gobierno a favor de la obligatoriedad del certificado de vacunación.
La ANP que representa a los principales medios escritos de Bolivia advierte que el paso del discurso de hostilidad contra el trabajo periodístico, a las agresiones físicas, puede derivar en hechos violentos que pondrían en alto riesgo la labor de periodistas y medios de información independientes.
Recordó que el artículo 296 del Código Penal sobre delitos contra la libertad de prensa sanciona con reclusión de seis meses a tres años y multa de 30 a 200 días, al que ilegalmente impidiere o estorbare la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión.
La Constitución garantiza el derecho a la comunicación y el derecho a la información en su artículo 106, y por ello la ANP pide al Ministerio de Justicia y a la Fiscalía un pronunciamiento frente a estos incidentes contrarios a la libertad de prensa.
El Grupo El Deber, al que pertenece el rotativo, informó que las demandas de sectores contrarios a la vacuna contra covid-19 fueron difundidas en todas sus plataformas, así como las políticas que se generan desde los tres niveles de Gobierno para la contención de la cuarta ola de contagios, “y mantendrá esta postura, como medio independiente, para informar lo relativo a la emergencia sanitaria”. (ANP)
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