El abogado Eusebio Vera manifestó a EL DIARIO que la exfiscal Susana Boyán, que procesó y encarceló al médico Jhiery Fernández, sabiendo que era inocente, debe ir con detención preventiva para cuidar y preservar los actos investigativos de la etapa preparatoria, ya que se supone un riesgo de obstaculización.

El fiscal Johan Muñoz informó ayer que Boyán fue imputada por los delitos de resoluciones contrarias a la Constitución y las leyes además de incumplimiento de deberes y que en audiencia de medidas cautelares solicitarán medidas sustitutivas a la detención, como arraigo y la presentación de dos garantes personales.

Vera lamentó que el Ministerio Público no tome en cuenta los antecedentes de este hecho que causó conmoción en la sociedad nacional e internacional, al develarse que se había encarcelado por casi cuatro años a un ciudadano contra el cual no había indicios de responsabilidad y menos culpabilidad de una violación que nunca existió, según la necropsia.

NORMAS

El jurista recordó que el artículo 23 de la Constitución Política del Estado (CPE) señala que la libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales, y en este caso la exfiscal supone un riesgo en la investigación.

Asimismo, apuntó que las labores investigativas implican una responsabilidad seria y siendo Boyán una exautoridad fiscal tiene conocimiento y contacto con funcionarios policiales incluso en el mismo Ministerio Público lo que supone una especie de peligro, hasta para la misma víctima.

“Esta señora se constituye en un peligro no solo para el denunciante sino la sociedad porque no sabemos cuál es ahora la actividad que desarrolla, pero esa actividad puede influir en el transcurso de las investigaciones”, dijo.

Asimismo, refirió que en el accionar de Boyán concurren los numerales 1 y 2 del artículo 235 del Código de Procedimiento Penal (CPP), porque ella sabe la dinámica y el proceso para colectar evidencias.

“Boyán en su calidad de ahora imputada podría destruir, modificar, ocultar, suprimir, y/o falsificar elementos de prueba; objetivamente puede realizar esas condiciones, no solo ello sino que siendo una exautoridad fiscal puede influir negativamente sobre la participación de otros partícipes”, advirtió.

El jurista recordó que en algún momento del proceso se habló de la familiaridad que tenía Boyán con el ahora juez Edwin Blanco, extremo que también podría influir en la investigación.

“Esos dos partícipes pueden informar falsamente o pueden comportarse de manera reticente en sus declaraciones o incluso en su actuar en el transcurso de las investigaciones, el Ministerio Público debería pedir una detención preventiva para cuidar, preservar los actos investigativos, porque van a entrar a la etapa preparatoria donde se van a colectar otros elementos de prueba y en libertad los imputados, Blanco y Boyán pueden alterar el normal desarrollo de las investigaciones”, advirtió.

En ese marco, el jurista recordó que Boyán en muchas ocasiones fue denunciada por amedrentar a los testigos e incluso a la prensa, enviando con detención preventiva a un periodista de EL DIARIO que hacía seguimiento al caso.

“Esta señora se daba el lujo de amenazar en plena audiencia a testigos para que no declaren de una u otra forma, esos elementos deben ser investigados de forma integral en la conducta y comportamiento de la ahora imputada para que ella merezca una detención preventiva”, dijo.

FERNÁNDEZ DEBE

PEDIR CÁRCEL PARA

EXFISCALES

Vera apuntó que el artículo 233 del Código de Procedimiento Penal (CPP), con las modificaciones introducidas por la Ley 1173, establece que la aplicación de medidas cautelares será aplicable previa imputación formal y a pedido del fiscal o víctima, en este caso el médico Fernández.

“Jhiery Fernández puede y debe pedir la detención de la exfiscal, por todos los riesgos que conlleva su defensa en libertad”, dijo.

Vera aseguró que al tratarse de una exautoridad fiscal, existen riesgos procesales en la conducta de Boyán.

“Se hablará de que tiene familia, un domicilio, una actividad laboral, aunque no sabemos si está desarrollando un trabajo, sin embargo, dada su condición de profesional del derecho y más aún de haber sido fiscal puede entorpecer las investigaciones del proceso”, aseveró.

AMPLIACIÓN

En contacto con EL DIARIO, el médico Jhiery Fernández anunció que ampliará la denuncia contra los que fueran peritos del Instituto de Investigaciones Forenses (IDIF), Ángela Mora y Cristian Vargas, quienes emitieron certificados forenses con innumerables errores y que fueron denunciados por los investigadores policiales.