Los vecinos de la ciudad de El Alto denunciaron ayer que en la oficina de la abogada Mónica I. se concentraron varias personas, entre exjueces y funcionarios de la Fiscalía, sin tomar en cuenta las medidas de bioseguridad. Cuando una funcionaria policial les pidió que desalojen el ambiente fue agredida por la jurista que estaba en evidente estado de ebriedad, según los videos que hicieron llegar a este medio.

Según manifestó una persona, que pidió no ser identificada, la oficina de la jurista está ubicada en el edificio Illimani, cuya planta baja y primer piso está alquilado a abogados que ejercen la profesión libre y a partir del segundo piso están los ambientes del Ministerio Público.

De acuerdo con los videos que hicieron llegar a EL DIARIO y que también circularon en las redes sociales, la abogada cierra la puerta a la funcionaria policial que pretendía desalojar la oficina donde consumía bebidas alcohólicas.

La funcionaria policial interpela a un sujeto de sexo masculino a quien le pide que salga de la oficina porque la abogada estaba desnuda y le recuerda que no pueden consumir bebidas alcohólicas en las instalaciones.

“Tiene que ver que hay oficinas que están trabajando normal y están llevando audiencias, usted sabe que hay instituciones que debe respetar y estamos en pandemia”, le recordó la oficial.

Desde adentro se escuchaba la voz de la abogada que insistía al sujeto que cierre la puerta.

“¿Me van a sacar así?, estoy teniendo relaciones sexuales (…). Me está allanando?”, cuestionó la jurista a la policía y luego le cerró la puerta.

Según refirieron algunas personas que estaban presentes en el momento, todas los que se encontraban en el lugar fueron saliendo de a uno y estaban sin barbijos. El propietario del edificio presuntamente les prohibió filmar y sacar fotos porque estaban exautoridades e incluso funcionarios del Ministerio Público.

Apuntaron que el fiscal Willy Medrano también intentó que el grupo de juristas desalojen el ambiente, por todo el escándalo que desató, empero fue echado por la abogada.

Abogados consultados por EL DIARIO aclararon que si bien la abogada estaba en su oficina que es privada, en el edificio funciona una institución pública que es visitada por varias personas, que en muchos casos van acompañados por menores de edad.

El abogado Raúl Martínez aclaró que el fiscal tiene todas las atribuciones para entrar a un domicilio, si es que se estuviera cometiendo un delito, como en este caso, ya que estaba atentado contra la salud pública, considerando las disposiciones del Comité de Operaciones de Emergencia Departamental (COED).

“Había aglomeración de personas y está prohibido el consumo de bebidas alcohólicas, se evidencia que no se estaban tomando las medidas de bioseguridad al interior de la oficina. Si bien es una oficina privada, en el edificio funciona una institución pública”, dijo.

El jurista apuntó que la abogada no solo debería ser procesada por atentados contra la salud pública sino también por falta de respeto a la autoridad policial y obstaculizar el ejercicio de la función pública.

Este medio llamó al teléfono de la jurista, pero no obtuvimos respuesta.

DATOS

El pasado 26 de junio, se celebró el 42 aniversario de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), en primera instancia con un acto oficial, sin embargo terminó en un ruidoso festejo, que contravenía con las normas sanitarias en el municipio, por lo que fue intervenido por la Intendencia Municipal de La Paz.

En el interior de un inmueble de la zona de Miraflores, se encontraban los dirigentes que habían apagado las luces y la música, en un intento de evitar el control municipal, situación que no fue fructífera.

De acuerdo con algunos videos que circulan en redes sociales, algunas personas que abandonaban la Csutcb no solo amenazaron a los guardias municipales sino también los insultaron.