El pronunciamiento fue emitido tras conocerse la advertencia de acciones legales contra el diario Página Siete que fue conminado a revelar sus fuentes en una carta firmada por el presidente del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, Edil Robles Lijerón.
Página Siete denunció, el 1 de marzo, la existencia de sobornos durante el proceso de evaluación para la designación de jueces con pagos de entre 3.000 y 15.000 dólares por obtener un cargo judicial y acceder a las preguntas de un examen en la Escuela de Jueces.
“Por lo precedentemente glosado y en el marco del artículo 24 de la CPE (Constitución Política del Estado), solicito una retractación o aclaración con nombres y apellidos en cuanto a lo manifestado referente al Órgano Judicial”, señala la carta enviada por Robles Lijerón al medio impreso.
Amparado en la Ley de Imprenta, el periódico explicó a sus lectores que “guardó los nombres de los abogados (denunciantes) en reserva por un pedido de ellos. ‘Es muy riesgoso dar el nombre, por eso nadie quiere denunciar’, dijo uno de los abogados antes de contar su caso”.
La ANP pidió a las autoridades judiciales que las denuncias realizadas por Página Siete y otros medios informativos sean motivo de una investigación, en lugar de acciones que amenazan la libertad de prensa y la Ley de Imprenta, ambas comprendidas en la CPE.
El secreto de fuente informativa está protegido por el artículo 8 de la Ley de Imprenta que señala: El secreto en materia de imprenta es inviolable. (ANP)