La organización ratificó su firme defensa por el trabajo periodístico libre y protegido por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Constitución Política del Estado (CPE) que permite a los ciudadanos emitir libremente sus opiniones, sin censura.

Morales, durante la audición del programa “Caminando junto al pueblo” difundido el 1 de marzo, a través de la radio de propiedad de sindicatos productores de hoja de coca, “Kawsachum Coca”, aludió al trabajo de los diarios El Deber, Página Siete y a los medios audiovisuales Unitel y Red Uno y afirmó que “esos medios de comunicación son peores que la bomba atómica, peores que la OTAN (Organización del Tratado del Atlántico Norte), destrozan a los pueblos.

El exvicepresidente Álvaro García, citado por el periódico Página Siete el 2 de marzo, aseguró que “hay periódicos abierta y descaradamente golpistas que mintieron en las elecciones de 2019, azuzaron a la gente para quemar el órgano electoral, para quemar ánforas”.

Durante una entrevista en la cadena Telesur, con sede en Caracas, acusó a los diarios Página Siete, Los Tiempos y El Deber que, según su interpretación, “apañaron, cobijaron y protegieron a la senadora golpista (Jeanine Añez) que, con cuatro diputados y con protección policial y militar, se autoproclamó presidenta”.

“Estoy hablando del periódico Página Siete, Los Tiempos, El Deber de Santa Cruz, esta afrenta justificó y legitimó esa masacre diciendo de que se habían matado entre pobladores y hasta hoy siguen protegiendo, generando zozobra mediática”, declaró.

La ANP reiteró la defensa de la independencia y la pluralidad de ideas en un ambiente democrático que es absolutamente contrario al pensamiento e intento de uniformar discursos a favor de un partido, una corriente ideológica y una forma autoritaria de gobernar.

Recordó que en 13 años y 9 meses de gobierno de Morales y García (2006-2019), ambos proclamaron públicamente que aplicaron sanciones contra medios independientes al excluirlos de la publicidad estatal, porque no se doblegaron a las directrices editoriales emitidas desde el Poder Ejecutivo.

La tarea de defender el derecho del ciudadano a recibir noticias de una prensa libre y sin censura tuvo un millonario costo entre 2010 y 2019, por la obligación de publicar avisos señalados por el Gobierno como “de interés social”.

Los medios impresos independientes fueron los únicos que cumplieron con esa rigurosa obligación de publicar hasta nueve páginas mensuales de manera gratuita, y contra el derecho constitucional que prohíbe toda forma de prestación de servicios no remunerada, señala la ANP.

A ello se agregó la persecución tributaria que colocó en situación de fragilidad financiera a los principales medios impresos que defienden la libre expresión para todos los ciudadanos, sin exclusiones.