La Asociación de Jueces y Magistrados de Bolivia (Amabol) asegura que el nombramiento de jueces debe ser a través de la Escuela de Jueces tomando en cuenta las mejores notas y con la participación de veedores que garanticen la transparencia de la selección.

“El nombramiento de los jueces debe ser a través de la Escuela de Jueces y en caso de acefalias, el Consejo podría sacar convocatorias para cubrir las mismas. Para el nombramiento se debe considerar la meritocracia, la trayectoria, la memoria institucional, respetando a los que hubiesen obtenido las mejores notas dentro de los requisitos, que los postulantes no cuenten con antecedentes penales. La evaluación debe ser realizada por el Consejo de la Magistratura, el Tribunal Supremo de Justicia y con participación de las Asociaciones de Magistrados como veedores, garantizando de esta forma la transparencia en el proceso de selección”, dijo la presidenta de Amabol Grenny Booling, en contacto con EL DIARIO.

El 1 de junio de 2021, el exfiscal Edwin Blanco juró como juez del Tribunal de Sentencia 13 del Tribunal de Justicia de La Paz, a pesar que obtuvo el cuarto puesto con un puntaje de 65 de entre seis abogados preseleccionados para ocupar el cargo, de acuerdo a una publicación la ANF.

Seis de 15 abogados fueron preseleccionados en la etapa final del proceso, en orden de mejor calificación se encontraba en primer lugar Patricia Medrano con 77 puntos, seguida de Liliana Villca con 75, en tercer lugar Cecilia Quispe con 71 y en cuarto puesto se encontraba Blanco con 65 puntos sobre 100, en méritos obtuvo 18 sobre 40 puntos y en su examen escrito 47 sobre 60.

Blanco fue el centro de críticas desde que ocupó el cargo de fiscal departamental de La Paz, especialmente por el rol que jugó durante la acusación y sentencia contra el médico Jhiery Fernández, a quien entre la Fiscalía y la Justicia mantuvieron detenido por el presunto delito de violación en la cárcel durante cuatro años.

Blanco es investigado por ocultar pruebas y pericias en el caso Bebé Alexander, las que podían haber servido para desechar un delito que no cometió Fernández, sin embargo, tanto Blanco y Susana Boyán (exfiscal) se empeñaron en acusarlo, mantenerlo detenido hasta alentar que sea sentenciado.

GARANTÍAS

Consultada por las garantías que tiene un juez para ejercer sus funciones enmarcadas en las normas, Booling lamentó que los jueces no cuenten con una normativa que los proteja del acoso, hostigamiento, persecución, maltrato y denuncias “infundadas” de los litigantes o de alguna autoridad.

“Permanente nos amenazan con apartar de forma individual o colectiva a los jueces, junto a retribuciones salariales que no se encuentran acordes a la labor que se despliega y la responsabilidad del cargo, y junto a la recargada carga procesal que existe ante la falta de creación de más juzgados a nivel nacional y mayor presupuesto; no obstante, con todo y estas circunstancias, se exige al juez que desempeñe sus labores”, advirtió.

Apuntó que ante las denuncias que les instauran, los jueces deben asumir defensa de manera individual para desvirtuar las acusaciones infundadas, recurriendo a recursos económicos propios, afectando significativamente el tiempo que debería invertir en su labor como juez, sin posibilidad de ser restituido en sus derechos y gastos cuando la denuncia es rechazada.

“Las denuncias se han convertido en un mecanismo para intentar coaccionar al juez, intimidarlo y pretender obtener determinados fallos, situaciones ante las cuales los jueces se han mantenido firmes, pero lamentablemente la sociedad no tiene la oportunidad de conocer de estos hechos que lleve a censurar la conducta de los propios litigantes”, aseveró.