El ministro de Justicia, Iván Lima, planteó ayer seis ejes para reformar la justicia en 90 días. “Le tomamos la palabra” a Comunidad Ciudadana (CC), que hace una semana solicitó un “acuerdo político” para encarar acciones urgentes en ese ámbito, apuntó la autoridad en conferencia de prensa.

“Le planteamos al país tres meses para tener un nuevo Código de Procedimiento Penal, tenemos una propuesta que sale del Movimiento al Socialismo (MAS), la hemos mejorado, la vamos a ir socializando y va allegar a todos los niveles (…), sí podemos hacerlo en 90 días, le tomamos la palabra a Comunidad Ciudadana”, apuntó.

El titular de Justicia manifestó que todas las propuestas serias, concretas, de partidos, iglesias, medios de comunicación y todos los bolivianos, están abiertas.

EJES

Lima planteó como primer eje el “balanceo del conflicto” que consiste en la distribución uniforme y estratégica de jueces en el país, de acuerdo a la cantidad de población y materia judicial, basada en criterios de equidad y con el propósito de alcanzar estándares internacionales en cuanto a calidad del servicio judicial.

Apuntó que actualmente el 24% de los juzgados corresponde a la materia Civil y Comercial, y el 1% a la materia Administrativa y Coactiva Fiscal. El 82% de los casos se resuelven en los juzgados de las capitales y el 18% en las provincias.

A nivel nacional, en promedio, hay un juzgado por cada 8.361 habitantes, de esa cifra global, en ciudades capitales se cuenta con uno por cada 12.671 y en provincias uno por cada 6.098.

Respecto a la cantidad de vocales por departamento (casos extremos): en Santa Cruz hay una sala por cada 179.846 habitantes, con un total de 18 vocales; mientras que en Pando hay una sala por cada 24.769, con un total de seis vocales.

En relación a la cantidad de juzgados por departamento (casos extremos): en Chuquisaca se cuenta con un vocal por cada 8.531 habitantes en capitales y uno por cada 2.623 en provincias; en Santa Cruz, uno por cada 18.892 en capitales y uno por cada 10.087 en provincias.

ACCESO A LA JUSTICIA

Un segundo eje planteado es el acceso a la justicia, donde se quiere promover que toda la población, especialmente aquella en situación de vulnerabilidad y de escasos recursos, acceda a la justicia en igualdad de condiciones. La constitución de este sistema de acceso se basará en la demanda real de justicia, estableciendo una red de trabajo integral entre los distintos niveles del Estado y sociedad civil.

Es necesario asegurar la eficiencia en la administración de justicia, el desarrollo de normas, estrategias y mecanismos para su acceso oportuno e igualitario, y el fomento de los medios alternativos de resolución de conflictos, como la conciliación y arbitraje.

En ese ámbito se detectó deficiencias en la cobertura de juzgados, de acuerdo a datos del Consejo de la Magistratura, del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) y del Ministerio de Justicia, existen 175 municipios sin juzgados, lo que significa que 1.294.312 habitantes no cuentan con la cobertura directa.

Actualmente cada juicio ordinario le cuesta al Estado 3.568 bolivianos, y cada juicio en la jurisdicción agroambiental significa 5.915.

Respecto al nivel de confianza en el Órgano Judicial, devela que del 1 al 5, se llega a un promedio de 2,7 de confianza.

Dificultad para el acceso a la justicia por costos judiciales

La dificultad para acceder a la justicia por los costos judiciales, del 1 al 5 es de 4,3, según datos proporcionados por la Comisión Andina de Juristas (CAJ).

INDEPENDENCIA JUDICIAL

El tercer eje planteado es la independencia judicial, por ello se busca consolidar la independencia judicial, a través de la promoción y fiscalización de procesos meritocráticos. Es necesario garantizar la carrera judicial institucionalizada, a través del desarrollo de procesos participativos con actores nacionales e internacionales.

Según el Consejo de la Magistratura de un total de 1.098 jueces ordinarios (100%), 541 son de carrera (49%), 524 (48%) son transitorios y 33 (3%) son acéfalos.

SOLUCIONES TIC

Un cuarto eje planteado es la solución a través de Tecnologías de Información y la Comunicación (TIC), con ello busca impulsar la transformación digital del modelo de gestión judicial con el uso intensivo de plataformas informáticas interoperables, sistemas expertos e inteligencia artificial.

DESARROLLO NORMATIVO

Un quinto eje es el desarrollo normativo, por ello se tiene previsto desarrollar e implementar políticas públicas y normativa específica para la reforma del sistema de justicia. Así se garantiza el acceso a la justicia, métodos alternativos de solución de conflictos, derechos fundamentales, entre otras medidas, en coordinación con todos los niveles del Estado y sociedad civil.

TRANSPARENCIA INSTITUCIONAL

Con el sexto eje, que es transparencia institucional, se busca promocionar la ética y transparencia en la administración pública e intensificar la lucha contra la corrupción, a través del acceso a la información, control y participación social y el uso de tecnologías de información enfocadas al gobierno electrónico.