La autoridad de Gobierno manifestó que sostiene reuniones con representantes de los privados de libertad de las cárceles de todo el país para definir la restricción como medida preventiva, siendo que la realidad de un departamento varía de un lugar a otro.

ENCAPSULAMIENTO

El director nacional de Régimen Penitenciario, Juan Carlos Limpias, anunció que hoy iniciará el encapsulamiento voluntario en algunos centros penitenciarios del país, por un período de 15 días, tiempo en el que se realizarán rastrillajes con brigadas médicas.

“Una de las medidas que se asumió es el encapsulamiento voluntario en varios centros, principalmente de Santa Cruz, La Paz y Cochabamba”, precisó Limpias.

Con el encapsulamiento se restringirá la visita de los familiares, se ejercerán mayores controles y habrá una rotación permanente de los funcionarios que desempeñan sus labores en los centros penitenciarios.

“Tenemos que hacer un rastrillaje interno de posibles casos, tenemos que aislar a personas adultas mayores a áreas de bajo nivel de exposición, tenemos que limitar las visitas externas, son medidas integrales que se están tomando”, señaló el último jueves, el viceministro de Régimen Interior y Policía, Emilio Rodas, en entrevista con radio Fides.

Por otro lado, se conoció que los privados de libertad del penal de San Pedro de La Paz, se negaron a firmar el voto resolutivo que avala el encapsulamiento.

“Nadie quiere firmar el voto resolutivo porque el año pasado nos engañaron, nos hicieron firmar, y dijeron que nosotros pedimos eso, cuando no fue así. Nos costó que las puertas se vuelvan a abrir, tuvimos que hacer motines y tomar otras medidas para que lo hagan. El año pasado igual llegó el virus al penal, igual hemos sido olvidados, no hubo atención de las autoridades, hemos sobrevivido como hemos podido, cuidándonos con hierbas, por eso ahora todos dicen que si se cierra o no, igual llegará el virus. Tenía que cerrarse desde el viernes, pero nadie quiere”, sostuvo un privado de libertad en contacto con EL DIARIO.

DATOS

Desde la primera notificación sobre el brote de Covid-19, reportado en Wuhan (China) el 31 de diciembre de 2019, se efectuaron una serie de cambios sociales y estructurales que involucran acciones dentro de los Sistemas Penitenciarios para el cuidado de las personas privadas de libertad a nivel mundial, de acuerdo a un trabajo publicado por la página SciElo. “La Organización Mundial de la Salud (OMS), mediante movilizaciones con gobiernos y asociaciones, promovieron el cuidado, la prevención y la contención del coronavirus a nivel mundial; esto principalmente implicó difundir información de las recomendaciones adoptadas para el control de la actual pandemia dentro de prisiones y otros centros de aislamiento”, se lee en parte del trabajo de SciElo.

En cuanto a Bolivia, los dos primeros casos confirmados de coronavirus se dieron a conocer el 10 de marzo de 2020; la denominada paciente cero fue una mujer de 65 años de edad que llegó de Italia a Santa Cruz sin síntomas del virus.

Al día siguiente, el 11 de marzo de 2020, ya se habían confirmado tres casos de coronavirus en el país; el mismo día, la OMS declaró como pandemia al Covid-19.

En Bolivia, se tomaron medidas a nivel nacional desde el Gobierno central a partir del 12 de marzo, la entonces presidenta del Estado, Jeanine Añez, informó a la población la suspensión de clases en todos los niveles y modalidades en todo el país, la suspensión de viajes hacia Europa y el control de toda persona que entre al país siguiendo los protocolos definidos por la OMS; se prohibió la realización de eventos públicos de más de 1.000 personas. Además, dispuso que en todas las ciudades capitales se habiliten, progresivamente, espacios (hospitales) que reúnan todas las condiciones para la atención exclusiva de los casos confirmados de Covid-19.

Como se conoce, los recintos penitenciarios y el Sistema Penitenciario está colapsado a nivel Sudamérica; el sistema penitenciario boliviano no es la excepción. Existe falta de preparación para el tratamiento penitenciario calificado y especializado, se carece de recursos materiales y profesionales para la rehabilitación y reinserción de aquellas personas privadas de libertad que lo necesitan.

“Los recursos financieros no abastecen, a esto se añade la mala administración, distribución y el mal uso de estos recursos afectando así a las y los privados de libertad y al Sistema Penitenciario en general; todo esto dificulta una atención eficaz y eficiente ante una pandemia, porque afecta a varios países, global”, se lee en otra parte de la publicación.

De acuerdo a la Dirección General de Régimen Penitenciario (DGRP), hasta marzo de 2020 había 18.108 personas privadas de libertad, 1.203 mujeres y el resto varones. El hacinamiento llega al 269 % debido principalmente a la gran cantidad de detenidos preventivos; 70 % de la población carcelaria está con detención preventiva y el 30 % con sentencia condenatoria.

Asimismo, son evidentes las precarias condiciones de infraestructura; la falta de servicios básicos como agua, alcantarillado y las peligrosas instalaciones de luz; la falta de personal médico acorde a la cantidad de privados/as de libertad; el bajo presupuesto para una alimentación adecuada.

Considerando que la población más vulnerable dentro de la emergencia sanitaria son los adultos mayores, debido al nivel de decesos por el virus focalizado en este grupo, en enero de 2020, se ha realizado el conteo de personas mayores de 65 años recluidas en los recintos penitenciarios bolivianos. El resultado: hay 619 personas mayores de 65 años. 176 están en La Paz; 161, en Santa Cruz; 109, en Cochabamba; 50, en Tarija; 34, en Oruro; 31, en Chuquisaca; 28, en Beni; 23, en Potosí; y 7, en Pando.

Por los datos emitidos, se tiene una considerable cantidad de personas adulto mayores detenidas en recintos penitenciarios. Por eso, después de todo lo mencionado, se puede pensar que la población privada de libertad está proclive a una rápida propagación del virus.