“La sala plena del Consejo de la Magistratura determinó el cierre de los operativos que hemos realizado en los 18 juzgados de ejecución penal que hay en el país, de los cuales se revisó más de 1.000 expedientes de casos referidos a delitos de feminicidio y violación, en el marco de la Comisión interinstitucional de seguimiento a este tipo de hechos”, precisó Molina.
Acotó que encontraron 73 procesos penales irregulares, los cuales ya fueron denunciados ante el Ministerio Público; además, se logró detectar 266 casos de responsabilidad disciplinaria.