Manuel Morales, miembro del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), identificó al memos 10 casos que demuestran de que en Bolivia no existe libertad de expresión, tal como señala la Constitución Política del Estado. Recordó que políticos y periodistas fueron agredidos en más de una oportunidad.

Recordó que el 5 de agosto de 2021, en el atrio de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), identificó a tres grupos dispuestos a interrumpir su libre expresión. Uno estaba comandado por Juan Ramón Quintana, otro por Gustavo Torrico y el tercero por Raúl García Linera, según nos comentaron testigos, dijo Morales a RimayPampa. ¿Qué pretendían esos grupos? Evitar que Conade se manifieste contra la persecución del gobierno de Luis Arce.

En agosto de 2021, el Conade, convocó a una marcha de protesta rechazando la persecución política, politización de la justicia y el cierre del caso fraude.

En la convocatoria a la marcha, para las jornadas del 5 y 6 de agosto, los voceros del Conade Guillermo Paz e Iván Meléndrez, aseguraron que las medidas de protesta serían pacíficas y se distinguirían por el uso de la bandera boliviana.

La marcha en su primera jornada, convocó la participación de centenares de personas identificadas con las acciones del Conade, quienes fueron interceptadas a la altura del monoblock de la UMSA, punto de concentración, por un grupo de militantes y simpatizantes del Movimiento al Socialismo (MAS), encabezados por Gustavo Torrico.

Los militantes del MAS, armados de palos, empezaron a insultar a los asistentes a la marcha y posteriormente a agredirlos físicamente. El saldo lamentable de esta jornada fueron varias personas heridas del lado del Conade, entre ellas una activista agredida a patadas en el piso por Gustavo Torrico; y el diputado opositor Beto Astorga, herido con una pedrada en la cabeza.

A consecuencia de estos amedrentamientos y los saldos lamentables registrados, los representantes del Conade, decidieron suspender la convocatoria a la segunda jornada de protesta.

Más tarde se intentó la toma de los ambientes de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos de Bolivia (APDHB) y las amenazas de muerte contra Amparo Carvajal, presidenta de esta instancia.

“Las acciones han sido diversas desde el gobierno para alejarnos de las calles. Ese 5 de agosto cuando convocamos a una movilización grupos de choque del MAS nos estaban esperando en atrio de la plaza del Bicentenario, tenían desde huevos -era la parte más suave- hasta probablemente, incluso gente armada”, dijo.

El dirigente del Conade, lamenta que, pese a varias denuncias realizadas sobre estos hechos ante la justicia ordinaria, ningún proceso avanzó, por una clara parcialización de la justicia.

Según William Herrera, doctor en Derecho y especialista en Derechos Fundamentales, el derecho a la protesta social es una forma legítima de ejercer nuestros derechos.

“El artículo 23, numeral 1 y el artículo 106, numeral 2 de la Constitución boliviana, así como el artículo 15 de la Convención Americana de Derechos Humanos y el artículo 21 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, reconocen que toda persona tiene derecho a reunirse y manifestarse pacíficamente y sin armas”, señaló el jurista.

OBSERVATORIO

Hernán Ávila, director del Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos, de la Unión Nacional de Instituciones para el Trabajo de Acción Social (Unitas), señala que el 2017 deciden implementar este observatorio, para dar seguimiento a la situación de los derechos, con énfasis a los vinculados a la libertad de prensa, libertad de expresión y la protesta social, además, al derecho a la asociación, la reunión pacífica y hacer seguimiento de la institucionalidad democrática.

“Cuando hablamos del derecho a la protesta también debemos hablar de la criminalización, la judicialización y la represión a la protesta. También se mide cuántos impedimentos hubo a la protesta, cuantos detenidos, heridos o muertos. En la libertad de prensa, por ejemplo, hablamos de agresión a periodistas acciones de censura, amenazas a periodistas, también, impedimento al acceso a la información; la estigmatización y judicialización de periodistas, sobre todo por parte de autoridades públicas”, explicó.

Por otro lado, Ávila cuestiona el rol de la Defensora del Pueblo interina, Nadia Cruz, a quien denuncia de hacer una campaña abierta a favor del partido de gobierno, quien en algunos casos se presta para calificar las protestas de buenas o malas.

AGRESIONES A PERIODISTAS

El Observatorio de Defensoras y Defensores de Derechos registró 73 vulneraciones a la libertad de prensa a lo largo del 2021, siendo la agresión a periodistas la más recurrente de parte de autoridades de diferentes niveles de gobierno, organizaciones sociales, personas particulares y otros.

Entre los casos de mayor relevancia que presenta el observatorio se encuentran: La agresión, secuestro y tortura a siete periodistas en el predio de Las Londras en Santa Cruz: el 28 de octubre de 2021.

El 21 de septiembre el periodista de Página Siete, Carlos Quisbert, fue detenido y enmanillado a un vehículo policial, cuando cubría el conflicto de Adepcoca en la zona de Villa Fátima.

La agresión física a dos corresponsales de la agencia Reuters. Efectivos de la policía utilizaron gases y propinaron golpes a los manifestantes de Adepcoca, en esta refriega los periodistas también fueron reprimidos.

El 28 de julio un grupo de avasalladores emboscó y atacó a periodistas de Los Tiempos de Cochabamba que realizaban la cobertura de este hecho.

El 21 de septiembre, el periodista Miguel Rojas Fernández, de Opinión, fue agredido físicamente por un grupo que apoya alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, cuando se limitaba a hacer su trabajo.

El 24 de septiembre la periodista Claudia Pardo y el camarógrafo César Reyes de Bolivia TV fueron agredidos en los actos por la efeméride de Santa Cruz.

Hubo varias denuncias de agresiones a periodistas de Potosí, Oruro, Cochabamba y Santa Cruz, durante los trabajos de cobertura a las movilizaciones del 8, 9 10 de noviembre.

El 15 de diciembre la periodista de la red Patria Nueva, Jeruslava Ojeda, fue agredida por un grupo de mujeres del Comité Pro Santa Cruz, entre muchas otras denuncias. (RimayPampa)