Después de conocerse que el Ministerio Público presentó un requerimiento acusatorio para el inicio de un juicio de responsabilidades en contra de la expresidenta Jeanine Añez, por presuntos delitos de genocidio, lesiones graves y leves, y lesión seguida de muerte, el coronel en servicio pasivo y abogado, Jorge Santistevan, manifestó a EL DIARIO que el término “golpe de Estado” será gradualmente sobrepuesto por el “delito” de genocidio y se procesará a todos los “pititas que vean como amenaza al Gobierno”.

“La persecución política por los delitos de sedición, terrorismo, conspiración pasa al genocidio, el término más tóxico que vulnera los derechos fundamentales de aquellos que no pueden defenderse porque la justicia está totalmente cooptada por ellos (Gobierno). El genocidio describe masacre y horror, que no significa asignar un valor mayor a unas víctimas o a otras; el término genocidio intenta nombrar así a crímenes sin nombre”, explicó.

El jurista manifestó que para sostener este juicio de responsabilidades, el Ministerio Público deberá demostrar que la exmandataria tuvo una intencionalidad genocida.

“¿Cuál grupo nacional o étnico quería exterminar el gobierno de Jeanine Añez? ¿Añez tenía un plan nacional que buscaba exterminar a un grupo étnico, social o político?, cuestionó.

En ese marco, dijo que a Añez se le tiene que probar la intención de hacer una limpieza étnica o política, evaluando previamente que en las calles había grupos sociales que se enfrentaron, y los que estaban de lado del gobierno de Evo Morales estaban armados no solamente con bombas molotov sino con armas de fuego, explosivos y dinamitas.

“El gobierno de Evo Morales a través de una serie de actividades secuenciales de represión, incurrió en actos de terrorismo con las amenazas a comandantes militares que después las cumplió con su jefe operativo -César Cocarico- además de ejecutar persecución política y judicial sistemática, atribuyendo delitos injustos a cívicos, activistas y militares”, dijo.

LEGISLACIÓN

Santistevan explicó que en el Código Penal de 1972, hasta la fecha, el delito de genocidio está incluido en el artículo 138 y establece una pena de 15 a 30 años.

Asimismo, dijo que el artículo 111 de la Constitución Política del Estado (CPE), prevé como delitos no prescriptibles al genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra.

Apuntó que de acuerdo al artículo 410, parágrafo II de la CPE, el bloque de constitucionalidad está integrado por los Tratados y Convenios Internacionales en materia de Derechos Humanos y las normas de Derecho Comunitario, ratificados por el país.

“La Corte Penal Internacional precisamente fue creada por la comunidad internacional para juzgar actos individuales, para evitar la impunidad y evitar que los Estados hagan justicia por mano propia. Bolivia ratifica el Estatuto de Roma en junio de 2002”, apuntó.

En ese marco, dijo que el término genocidio está utilizado para causar terror en la sociedad y apartar del camino a los opositores de la sociedad civil para gobernar indefinidamente.

“En nuestro país se está coartando la libertad y van apartando del camino aquello que le estorba para gobernar indefinidamente. Esta es una forma de interpretar depravadamente el término genocida para someter a la sociedad y a líderes cívicos. El Gobierno se ha convertido en la única institución que tiene el privilegio de investigar y juzgar sus propios asesinatos, empleando al Ministerio Público para dar impunidad con amnistía a los afines y correligionarios responsables de innumerables delitos que ahora atribuyen a militares y algunos políticos de la gestión de Jeanine Añez. Las muertes causadas por ellos rara vez se han considerado asesinato, menos los van a considerar genocidio, entonces lo más fácil es echárselos a los ‘inútiles’ militares y exmandatarios, que a decir verdad ellos han hecho una clasificación muy selectiva, unos son detenidos y procesados otros quedan al margen, ¿por qué será?”, lamentó.

Por otro lado, dijo que atribuir este delito a Añez responde a una estrategia para lavarle la cara a Evo Morales, quien debería estar imputado por los delitos de terrorismo y financiamiento al terrorismo, cuyos testigos ahora se encuentran con detención preventiva.

Asimismo, recordó que el informe del Grupo de Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) recomienda una reestructuración general de la justicia.

“Con qué garantías se va a defender Jeanine Añez y los demás perseguidos; en este caso ellos (afectados) no necesitan agotar instancias nacionales porque la justicia no funciona, así lo confirman las recomendaciones del GIEI, que por lo menos eso tiene de verdad y deben acudir a instancias internacionales”, aseguró.

GENOCIDIO

Santistevan explicó que el genocidio, de acuerdo al Estatuto de Roma, son acciones que implican el exterminio sistemático de un grupo social que se produce motivado por una cuestión de raza, política, religión o cualquier grupo de pertenencia.

Apuntó que el genocidio está relacionado con los crímenes de lesa humanidad.

“Tenemos como ejemplos, el genocidio de Ruanda, Ucrania, el holocausto nazi, el genocidio en Guatemala, el genocidio de Croacia y Serbia en la guerra de los Balcanes”, recordó.

Precisó que el término viene de una raíz griega, “geno” significa raza y “cidio” matar, es decir que el término y el hecho ha marcado el siglo XX.

“A partir del siglo XX marcó el asesinato masivo de judíos, armenios y otros grupos sociales y políticos. La definición se incorporó al derecho internacional en 1948 y está incluido en el Estatuto de Roma”, precisó.

Explicó que entre las razones para hablar de genocidio está la Convención sobre el genocidio de 1948, que define el crimen de manera estricta.

“Solo algunos actos constituyen violencia genocida y además tiene que haber sido cometido con una intención muy específica, es decir el intento de destruir total o en parte un grupo nacional, étnico o racial en su totalidad, lo que es muchas veces difícil de probar”, dijo.

Apuntó que el término es una alegación tóxica que aplica el gobierno boliviano y que es profundamente vergonzoso para cualquier Estado.