Por las recientes paralizaciones de procesos electorales, expertos advierten que se sienta una jurisprudencia en la que cualquier persona puede frenar procesos propios de poderes del Estado con solo plantear recursos y acciones ante la Justicia.

Analistas y parlamentarios dejaron entrever que es poco probable que se pueda designar un nuevo titular del Ministerio Público en las próximas sesiones de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), considerando que ningún partido cuenta con suficiente fuerza para lograr los dos tercios necesarios para consensuar un nuevo Fiscal General del Estado.
La ALP tiene diez días para designar al sucesor de Juan Lanchipa. Ante la posibilidad de no lograr los dos tercios para su designación, se declarará desierta la convocatoria y de manera obligatoria se optará por la suplencia legal, de acuerdo con el Artículo 25 de la Ley del Ministerio Público, explicó a EL DIARIO el abogado y asesor jurídico del Senado, Israel Quino.
“Ninguna fuerza política por sí sola tiene dos tercios y allí radica la complejidad, (pues) sólo tendrán tres días para lograr consensos democráticos, lo cual veo poco probable. Si no se designa un titular (de la Fiscalía General), la ley 260 del Ministerio Público prevé un mecanismo de suplencia legal, pues no existe posibilidad de autoprórroga fiscal”, explicó Quino a este matutino.
Por su lado, el diputado por Creemos, Erwin Bazán, ratificó a EL DIARIO que, en caso de no lograrse un consenso de dos tercios en la Asamblea, la norma tiene prevista una suplencia interina, la cual será asumida por el fiscal departamental institucionalizado con mayor antigüedad.
“Efectivamente, ninguna fuerza política tiene los dos tercios necesarios para elegir por sí misma al nuevo Fiscal General (…). Sin embargo, se ha sabido de candidatos que están comprando votos y, como en el pasado reciente, hay parlamentarios que tienen su voto en venta, deshonrando la confianza ciudadana”, señaló Bazán a EL DIARIO.
Por su lado, el representante del Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade), Manuel Morales, coincide que en las actuales condiciones es “casi imposible” que la Asamblea pueda consensuar un nuevo Fiscal General “idóneo” con dos tercios, por lo que podría optarse por un interinato.
En su criterio, “lo que se va a hacer seguramente es elegir un fiscal interino y eso también es una señal del debilitamiento de la institucionalidad democrática”, indicó Morales en declaraciones a EL DIARIO.

¿GOBIERNO BUSCA OTRO INTERINATO?
Desde la oposición, varios parlamentarios aseguran que velarán por que las elecciones judiciales y la elección de Fiscal General no vuelvan a ser detenidas por otros recursos y fallos judiciales, luego de que los recientes amparos de expostulantes fueron un “golpe judicial”, un “golpe a la democracia” y una “burla” a la Justicia.
Asimismo, la ALP ha apoyado la noción de que las elecciones judiciales sigan su curso y se realicen el 1 de diciembre, impostergablemente. El jefe de bancada de Comunidad Ciudadana (CC), Enrique Urquidi Daza, señaló a EL DIARIO que su fuerza ha “exhortado al Órgano Electoral que haga valer su institucionalidad y no se subordine a ninguna resolución judicial contraria a la Ley”.
Sin embargo, algunos asambleístas sugieren dos escenarios: uno, que el presidente del Estado, Luis Arce, buscará prorrogarse en el poder apoyándose en autoridades judiciales que se lo permitan a través de un fallo judicial; el otro, que el Gobierno busque evitar los dos tercios en el nombramiento de Fiscal General, para así designar otro interinato judicial servil a sus intereses.
Respecto a la primera posibilidad, el diputado de CC, José Ormachea, cree que es cada vez más posible, “porque Arce sabe que no va a ganar las elecciones (de 2025) y que, cuando salga del poder, le vienen procesos por juicios de responsabilidades que van a terminar en la cárcel, por todos los abusos que ha cometido”, señaló.
En cuanto a la segunda posibilidad, el diputado Bazán comentó a este medio: “otro escenario posible sería que el mismo Gobierno sea quien busque que no se alcance los dos tercios para dar paso a un nuevo escenario en el que quede el fiscal más antiguo”.
El investigador y asesor legal, Óscar Villanueva López, coincide, “quizás se está buscando eso. Hay condiciones y situaciones que suenan bastantes raras en este punto y se han sobrejudicializado procesos que tendrían que ser atribuciones exclusivas de los órganos del Estado”, expresó.
En su lectura, Villanueva ve una “intencionalidad oscura” y un “grave problema” en que se judicialicen innecesariamente todos estos procesos de elección de autoridades, pues advierte que cualquier persona está siendo capaz de frenar procesos que son atribución exclusiva del Estado, simplemente con anteponer recursos o amparos ante la Justicia.
“Es un grave problema (…). Se está sentando una jurisprudencia en la que cualquier persona va a poder plantear recursos alegremente para generar acciones que frenen postulaciones, efectos, actos que están dentro de las atribuciones de los Órganos”, señaló al Decano de la Prensa Nacional.

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