Para el experto, basta con ver la Ley de Medio Ambiente para ver que es un “cúmulo de vacíos legales”. Lamenta que, en más de 30 años, no existió una preocupación por crear una verdadera política ambiental en Bolivia.

Al encontrar que la actual legislación ambiental boliviana no guarda relevancia por haberse transformado en un cúmulo de vacíos legales, principalmente basados en un modelo de derecho sancionatorio que ni siquiera se aplica de manera efectiva, expertos ven que en tres décadas no ha habido una preocupación por crear una verdadera política ambiental enfocada en la prevención, cuidado y protección de las reservas naturales.
La crítica se basa fundamentalmente en el hecho de que la actual legislación, vigente desde 1992, es carente de toda relevancia y aplicabilidad, pues está repleta de partes derogadas y vacíos legales que han permitido la destrucción indiscriminada de las reservas forestales.
“No se han tomado los mecanismos preventivos. Los gobiernos saben lo que pasa, cada vez es más fuerte y hay menos prevención, hay menos control, menos cuidado y es sorprendente ese silencio ensordecedor (que es) la falta de atención del Estado e instituciones privadas y públicas”, opinó el investigador, docente universitario y asesor legal, Óscar Emilio Villanueva López, en contacto exclusivo con EL DIARIO.
El experto argumenta que la actual ley no ha acompañado a las transiciones de gobierno, la reestructuración de muchas instituciones y cambios en otras leyes. Además, “el Estado boliviano no ha tomado las medidas necesarias para la prevención durante mucho tiempo. Se han hecho canchas sintéticas y un montón de cosas que no venían al caso y se ha dejado de lado este tema tan débil que tenemos, que es el medioambiente”.
En su lectura, ese “silencio que hace ruido” de muchas autoridades, al no abrogar leyes incendiarias y no tomar acciones para frenar el desastre ambiental, “claramente suena a complicidad” y evidencia que no hubo preocupación por instaurar una verdadera política ambiental en Bolivia desde la creación de la Ley de Medio Ambiente en 1992.
“Nadie, desde la década de los noventa, se ha tomado la molestia de crear una nueva ley de medioambiente que proteja todas estas cosas. Se trató de suplir con normativas de menor rango, como resoluciones ministeriales, decretos supremos muy leves, pero no una ley fuerte”, comentó a este matutino.

ANACRONISMO LEGISLATIVO
Para ilustrar este retraso legal en materia ambiental, Villanueva recordó que la Ley 1333 se creó apresuradamente a principios de la década de los años noventa, con la premura de llevar una normativa boliviana proambiental a la Primera Cumbre de Río en junio de 1992, llevada a cabo por la Organización de Naciones Unidas (ONU).
En su lectura, como Estado boliviano “llevamos una ley hecha entre gallos y medianoche, una ley armada, un collage armado de una forma rara, por cumplir”. Por cierto, la Ley fue promulgada en abril de ese año, dos meses antes de la Cumbre.
El jurista lamentó que, 32 años después de su elaboración, la actual ley “tiene más vacíos que nada” y “es más un cúmulo de derogaciones que de aplicabilidad”, pues habla de instituciones eliminadas como las corporaciones de desarrollo como Cordepaz o Cordeco, entidades que fueron modificadas como las prefecturas, o carteras que cambiaron de tuición o fueron creadas, como precisamente el Ministerio de Medio Ambiente.
Sumado a este factor, otro problema que advierte es que las sanciones de la legislación vigente son penosamente inaplicables. El Estado, por más que tenga parámetros de regulación en la propia Constitución, no los llega a cumplir ni a explotar. “Quedan a medias, entonces, se vulnera la misma Constitución, (a través de) esta falta de normativa”, añadió.
Por lo expuesto, el jurista considera que el Estado no tomó las medidas preventivas necesarias al dejar de lado el tema durante años, por enfocarse en “cosas que no venían al caso”. En tal sentido, expresó que es menester plantear una nueva legislación ambiental con enfoque preventivo, mas no sancionatorio.
“Este derecho ambiental debe ser claramente preventivo, los tratados internacionales nos fuerzan a que sea preventivo, no sancionatorio. No (se trata de) castigar a los responsables”, enfatizó.