Cuando no han cesado los incendios forestales que particularmente en el oriente del país han destruido alrededor de diez millones de hectáreas de bosques y pajonales, desde la opinión pública se ha señalado que ha sido obra de diversos sectores sociales, como mineros, interculturales, gente dedicada a la agroindustria y ganadería, por diversos motivos, como extraer valiosos recursos naturales de reservas naturales, ampliar la frontera agrícola, traficar con tierras desmontadas y hasta sembrar coca excedentaria.

Sin embargo, hace poco esta casa periodística ha publicado reveladoras informaciones, procedentes del exterior, sobre lo que está también detrás de la deforestación de tierras en el oriente boliviano. Según el informe “A Fuego y Mercurio”, del Comité de Oxford para el Alivio de la Hambruna (Oxfam), el desmonte de tierras en nuestro país es “un lucrativo negocio de especulación, impulsado principalmente por el sector agroindustrial y por grandes inversores”.

Y es que con 200 0 250 dólares se puede desmontar una hectárea de bosque, de la cual después su valor puede subir hasta 10 veces en el mercado de tierras para producción agrícola. En consecuencia, es un negocio atractivo para inversionistas, empresarios y entidades bancarias. También el texto revela que la agroindustria nacional recibe apoyo gubernamental mediante subsidios al combustible y facilidades para exportación, lo que alienta el desmonte y la ampliación de la frontera agrícola en lugares forestales.

Concretamente, Oxfam revela que, en la Chiquitanía, empresas agroindustriales y ganaderas promueven deforestación que impacta sobre los ecosistemas, además que se alienta la especulación financiera al subir los precios de las tierras desmontadas. Sobre este modelo de expansión agrícola y especulación con tierras, Oxfam pone en duda “si beneficia al país o agrava problemas como la concentración de tierras, las desigualdades socioeconómicas y la pérdida de ecosistemas vitales”.

En otro capítulo del informe “Fuego y Mercurio”, también se afirma que parte de los fondos de pensiones está siendo usada para financiar el desmonte y la expansión agroindustrial en nuestro país. Asimismo, el sector agropecuario empresarial recibe del Gobierno grandes inversiones públicas, subsidios a hidrocarburos, y facilidades para la apertura de mercados para la exportación de productos de zonas desforestadas.

Como se observa, la destrucción de zonas forestales es causada esencialmente por intereses económicos, de quienes afirman con desparpajo, “de qué vamos a vivir” si no explotamos recursos naturales y de gente interesada en traficar con tierras o expandir la frontera agrícola. Lo peor es que el gobierno de turno, sabiendo el enorme daño que ocasionan los incendios forestales, se limita a asumir medidas paliativas y se muestra reacio a controlar de manera efectiva, entre otros, a mineros irregulares e interculturales que incursionan sin oposición real a los parques nacionales.