Observaron que la Procuraduría es un “brazo operador” de intereses oligárquicos de sectores afines al oficialismo y que, desde hace tiempo, la PGE es “un saludo a la bandera” por carecer de institucionalidad.

Luego de revelarse que la Procuraduría General del Estado (PGE) y ganaderos de Beni y Santa Cruz acordaron suspender un dictamen que ordenaba investigar propiedades e iniciar procesos penales en tierras donde se originaron incendios el año pasado, expertos en Derecho consideran que la PGE vela por los intereses de sectores oligárquicos del Movimiento al Socialismo (MAS), haciendo notar que realmente no sirven para defender los intereses del Estado.
“No nos sirve de nada. La Procuraduría es un brazo operador de intereses oligárquicos de sectores del Movimiento al Socialismo (MAS), desde hace tiempo se sabe que esa Procuraduría es un saludo a la bandera porque nunca ha tenido institucionalidad: pierde juicios internacionales y deja en impunidad (otros) procesos”, criticó el abogado constitucionalista, Williams Bascopé Laruta, en contacto con EL DIARIO.
El jurista lamentó que, desde hace años, se viene criticando la falta de idoneidad de la PGE para defender los intereses del Estado. En tal sentido, observó que mientras el masismo esté presente en la lista de funcionarios públicos de esta institución, “siempre habrá corrupción”.
En una misiva dirigida a las presidencias de las federaciones de ganaderos de Santa Cruz y Beni (Fegasacruz y Fegabeni), el procurador general del Estado, César Siles, quien recientemente cumplió un año de gestión, informa que el Dictamen Procuradurial No. 001/2024 del 2 de enero de 2024, “se encuentra en proceso de implementación gradual como producto de la investigación especializada relativa a la verificación de la función económico social de las propiedades que generan quemas y chaqueos ilegales”.
Luego, Siles menciona que quedó “suspendida su aplicación en el efecto relativo al inicio del procedimiento de reversión de tierras a coordinarse con la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) y el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA)”.
Por separado, el docente universitario y exdiputado, Peter Maldonado, coincidió con Bascopé en que la Procuraduría no defiende intereses del pueblo, en referencia a una publicación de ANF que refleja la información mencionada. “Esto quiere decir que desde la Procuraduría están velando los intereses de los ganaderos”, publicó en su cuenta de X.
El fuego imparable dejó calcinados a miles de animales y vasta vegetación, dejando a su paso densas humaredas contaminantes que afectan directamente a comunidades indígenas y campesinas, así como a las ciudades.
Para Bascopé, “recién nos dimos cuenta de que dejamos en impunidad decretos y leyes que permiten quemas (por parte) de estos sectores interculturales y ganaderos, quienes incluso ingresan (a estos predios) avasallando tierras”.

ACLARACIÓN
Por su parte, la PGE aclaró mediante un comunicado que la Investigación Especializada sigue en curso y ejecución, “habiéndose emitido durante la gestión 2024 un total de 28 requerimientos, recordatorios y mandatos procuraduriales de información y acciones a diversas entidades públicas cuyas competencias se vinculen con la protección, conservación y defensa del medio ambiente”.
La institución a cargo de Siles informó que, como resultado de las investigaciones, se logró “visibilizar” procedimientos judiciales para el cobro de sanciones económicas impuestas por la ABT a infractores que incumplen normas sobre quemas ilegales y desmontes forestales.
Por otro lado, destacó el Decreto Supremo 5203 del 21 de agosto de 2024, el cual incrementa las sanciones hasta 976 UFV (Unidades de Fomento a la Vivienda) por hectárea, lo cual supone un aumento de entre el 300% y el 1.700% .
Sin embargo, el sector ganadero emitió un pronunciamiento en contra de esta medida, en el que responsabilizan al calentamiento global y fenómenos atmosféricos por las quemas e incendios forestales, declarándose “víctimas” de esta situación.
Asimismo, llaman “multas aberrantes” a la nueva multa regulada por la ABT, arguyendo que el DS va en contra de cualquier razonamiento legal y económico pues, en su criterio, afectará principalmente a pequeños productores, campesinos e indígenas.