“Con una mano piden ayuda internacional para apagar los incendios y con otra mano están generando acuerdos que pueden causar más incendios con su base social”, denunció la senadora Cecilia Requena.
> Calificó esta acción como un “cálculo miserable de votos para la próxima elección”, toda vez que pedir apoyo internacional y permitir que se siga incendiando “es totalmente inaceptable y no solo es doble discurso ni hipocresía, es una impostura ecocida y etnocida”.

Frente a las siete millones de hectáreas de reservas forestales reducidas a cenizas, legisladores bolivianos y activistas por el medio ambiente ratificaron que el Estado es “cómplice” del desastre ambiental; la senadora de oposición, Cecilia Requena, ve una “impostura ecocida” del Gobierno al extender una mano para pedir apoyo internacional ante los incendios forestales, mientras que a la vez se acuerda la continuidad de los chaqueos con interculturales, sacrificando la biodiversidad y la salud pública por un “cálculo miserable de votos”.
El gobierno de Luis Arce Catacora esperó cuatro meses, más de siete millones de hectáreas quemadas y cientos de miles de animales muertos para declarar desastre nacional ante la crítica situación actual y decretar una pausa ambiental que pretende, supuestamente, prohibir las quemas por al menos cinco años.
Un reciente proyecto de Ley fue aprobado por la Comisión de Justicia Plural de la Cámara de Diputados, el cual establece sanciones de hasta 12 años de cárcel para quienes provoquen incendios o daño ambiental en áreas protegidas y tierras fiscales. Existe otro proyecto pendiente que endurece la sanción económica para quienes provoquen incendios, con hasta 976 Unidades de Fomento a la Vivienda (UFV) por hectárea afectada.
El daño inconmensurable a la flora y fauna del país puede reflejarse en los últimos reportes sobre afectaciones a hogares bolivianos y el ganado del sector agropecuario. El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, informó el viernes que, 56 viviendas en Beni y Santa Cruz fueron destruidas por el fuego de los incendios, dejando a decenas de familias sin hogar.
Por su lado, el Instituto Nacional de Innovación Agropecuaria y Forestal (Iniaf), dependiente del Estado, informó que más de 1.540 cabezas de ganado fueron afectadas en Santa Cruz por los incendios forestales, lo que representa un 15% de impacto negativo en la fertilidad y reproducción del ganado de productores cruceños.
Para el investigador y asesor legal, Óscar Villanueva López, existe una intención por parte del Estado de generar un “penalismo populista” para generar una sensación de “tranquilidad colectiva”, en vez de tomar acciones efectivas contra la devastación ambiental.
“Pueden aumentar (las penas) a cadena perpetua, si quieren. Va a seguir siendo un penalismo populista, donde lo único que se trata de hacer es una demostración vana de un esfuerzo tardío y que además no es sincero”, sostuvo el experto a EL DIARIO.
ESTADO CÓMPLICE
La senadora de Comunidad Ciudadana (CC), Cecilia Requena, manifestó a EL DIARIO que el Estado es “cómplice en omisión y en acción” por las quemas ilegales, ya que no se persigue efectivamente a los responsables por estos hechos y se sacrifica el medioambiente a cambio de un cálculo electoral “miserable”.
“Con una mano piden ayuda para apagar los incendios y con otra mano están generando acuerdos que pueden causar más incendios con su base social. (…) Es un cálculo miserable de votos para la próxima elección, poniendo el país entero, sus fuentes de agua y sus bosques llenos de oportunidades económicas, en sacrificio. Eso es inaceptable, totalmente, y no solo es doble discurso ni hipocresía, es una impostura ecocida y etnocida”, señaló a EL DIARIO.
Como ejemplo de esta complicidad del Estado, Requena reprochó que el ministro de Medio Ambiente, Alan Lisperguer, haya “negociado” un acuerdo con productores campesinos de Beni para seguir permitiendo quemas, apenas horas antes de que el Jefe de Estado declare desastre nacional.
En criterio de Requena, el Gobierno no tiene la fortaleza suficiente ni está a la altura de sus deberes para enfrentar a su propia base social campesina, por lo que prefiere negociar con ellos por intereses políticos electorales.
“Es un problema de un cálculo político, completamente cortoplacista y miope, y una debilidad para imponer el bien común y cumplir sus deberes. No logran hacer nada mejor por las condiciones en que gobiernan y la visión desastrosa de país que han arrastrado durante todo este tiempo”, agregó al Decano de la Prensa Nacional.

ESFUERZOS EN SACO ROTO
En contacto con EL DIARIO, el representante del Comité Nacional por la Democracia (Conade), Manuel Morales, señaló que mientras el paquete de leyes incendiarias no sea abrogado por Diputados, cualquier proyecto de ley es un esfuerzo que “cae en saco roto” y no tiene un efecto práctico porque no frena la vigencia de la legislación ecocida.
“Todos estos esfuerzos están cayendo en saco roto (…). Cualquier proyecto de ley, como este último para elevar las penas de cárcel para aquellos que provocan incendios, es meramente formal y no va a tener efecto, porque están vigentes las normas que autorizan a las personas a realizar quemas”, señaló Morales.
En declaraciones a EL DIARIO, Morales observó que la declaratoria de emergencia nacional fue tardía y no tiene la fuerza suficiente debido a la falta de recursos que padece el Gobierno central.
En ese sentido, cuestionó la capacidad del Gobierno de frenar los chaqueos venideros previos a la época de lluvias. “No creo que el Gobierno tenga la fuerza suficiente para prohibir a los campesinos que puedan realizar chaqueos (…). El problema es muy grande y no hay una solución estructural”.