El ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, cuestionó que el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, presentara una acción de libertad a favor de los bloqueadores aprehendidos sindicados de secuestrar periodistas y policías, calificándolo como «defensor de Evo Morales».

“No permitiremos que un defensor de Evo Morales, en vez de ejercer como Defensor del Pueblo, se ponga de manos de los delincuentes antes que los intereses de nuestro país y nuestra patria”, sostuvo ayer Del Castillo en conferencia de prensa, refiriéndose al accionar del funcionario estatal ante los 23 días de bloqueo del denominado Estado Mayor del Pueblo, comandado por el expresidente y líder cocalero.

La Defensoría del Pueblo remitió una Acción de Libertad en favor de los bloqueadores, en su calidad de mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, en el que instaban “poner en evidencia la reiterada obstaculización del Estado boliviano” hacia la institución para velar por el “resguardo de los derechos humanos”.

Del Castillo aseveró que la acción de la Defensoría busca la libertad de “secuestradores”, “delincuentes” y “criminales”, que habrían atentado contra policías, periodistas y civiles durante los últimos hechos violentos acaecidos en el país.

“Yo me pregunto, estos 23 días, ¿dónde ha estado el Defensor del Pueblo para pedir que los derechos humanos y los derechos fundamentales de las bolivianas y bolivianos no se sigan transgrediendo por un grupo minúsculo de la sociedad?”, reclamó el ministro. “¿Por qué no se pronunciaron sobre el uso de armas de fuego en contra de efectivos del orden?”, criticó.

La semana pasada, los bloqueadores afines al “evismo” emplearon explosivos y piedras, agredieron y retuvieron a decenas de policías y periodistas, principalmente en dos puntos clave de bloqueo: Parotani (Cochabamba) y Mairana (Santa Cruz). Se registró al menos 18 policías heridos y una decena de trabajadores de la prensa retenidos, robados y agredidos.

CONTRAPARTE

Por su lado, la Defensoría aclaró que el recurso presentado no busca liberar a personas detenidas, sino que se acusó a la fuerza anticrimen de la Policía de impedir, por varias horas, la verificación del estado de los detenidos por parte de la entidad defensorial.

El jefe del Mecanismo de Prevención de la Tortura, Juan Ledezma, aclaró que no se tiene una “agenda política y que busca el fortalecimiento de las instituciones, según reflejó Erbol.

“La Defensoría ha manifestado en reiteradas ocasiones que el derecho a la protesta está protegido, pero no implica el perjuicio del derecho de las demás personas y mucho menos es una carta blanca para cometer actos delictivos”, agregó Ledezma.