Grupo Mujeres por la Democracia rechaza arbitrariedades contra Añez
La agrupación Mujeres por la Democracia de Bolivia manifestó su rechazo por la «infame» arbitrariedad de la justicia contra la expresidenta del Estado, Jeanine Añez Chávez, enjuiciada por los hechos en Senkata por la vía ordinaria, y exigen la reconducción de las denuncias a través del Órgano Legislativo, como establece la ley.
Este grupo de parlamentarias, activistas y exministras bolivianas también pide que, si se demuestra la ilegitimidad de los actos de Añez, ésta sea procesada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) como lo señala la Constitución Política del Estado (CPE). Señalan que privar a una expresidenta de la prerrogativa constitucional de un Juicio de Responsabilidades constituye “una aberración sin precedentes en los Estados de Derecho” de América Latina.
Destacan que dos de nueve procesos judiciales que enfrenta Añez, por las muertes en Senkata y por la designación supuestamente irregular de la gerente de la estatal EBA, se desarrollan en la justicia ordinaria, en desconocimiento de la Constitución y la Ley 044 de Enjuiciamiento de Mandatarios y Magistrados en ejercicio de sus funciones.
“A semejante infamia cometida en complicidad por el régimen del MAS, los fiscales, jueces y magistrados complotaron para desconocerle la garantía y el derecho al debido proceso, a la defensa en libertad y en un Juicio de Responsabilidades, como lo manda la Constitución y la ley”, se lee en el pronunciamiento de Mujeres por la Democracia.
La agrupación argumenta que los jueces no tienen competencia ni jurisdicción para procesar a la expresidenta, por lo que sus actos en contra de ella son nulos. Asimismo, acusaron al “régimen” masista de Luis Arce y Evo Morales de haberla secuestrado de su domicilio en la ciudad de Trinidad el 13 de marzo de 2021, bajo acusaciones de terrorismo, para sentenciarla a una detención preventiva indefinida.
Recordaron que la CPE establece que las acciones de presidentes denunciados y sospechosos de cometer delitos, deben ser tramitadas por el Ministerio Público ante la Asamblea Legislativa Plurinacional, órgano que deberá aprobar el enjuiciamiento, el cual luego será tramitado ante el TSJ.
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