Luego de que la Sala Constitucional Segunda de La Paz concediera la tutela a una Acción Popular presentada por la Defensoría del Pueblo por los incendios forestales, el Gobierno deberá presentar informes trimestrales sobre los planes y acciones preventivas para evitar futuros desastres, informó el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya.
La decisión fue asumida en una audiencia luego de que la tutela a la Acción Popular, presentada por la Defensoría del Pueblo, fuera concedida por la justicia, misma que tenía como objeto proteger los derechos de comunidades indígenas y la Madre Tierra de los incendios forestales.
“El Estado tiene que informar a la autoridad jurisdiccional trimestralmente a cerca de los avances de las disposiciones que ha emitido la autoridad”, señaló ayer Callisaya a Erbol, durante un programa en directo.
Asimismo, el Gobierno deberá hacer pública la información y darla a conocer a la población: “El Gobierno tiene que informar por lo menos dos veces al año a la ciudadanía. (Desde) la Defensoría del Pueblo, vamos a ejercer control social sobre estas acciones del Estado para la prevención de los incendios forestales”, añadió Callisaya.
De acuerdo con la Defensoría, el Defensor resaltó que la determinación judicial se enmarca en el Acuerdo de Escazú, “cuya esencia es la participación ciudadana y acceso a la información, en la toma de decisiones, en la planificación, referida a asuntos de derechos medioambientales”.
En su resolución, la Sala Constitucional ratificó que el Gobierno no aplicó oportunamente medidas de prevención para el desastre de los incendios forestales: “La autoridad jurisdiccional (…) establece que efectivamente no se han adoptado todas las medidas por parte del Estado, destinadas a cuidar de nuestro medio ambiente y evitar este tipo de incendios forestales”, manifestó Callisaya.