El equipo jurídico del medio televisivo estatal, Bolivia TV, formalizó ayer la denuncia penal luego de que sus periodistas sufrieran retención y robo de sus equipos durante una cobertura a la marcha “evista” en Patacamaya; las principales organizaciones, representantes de la prensa repudiaron que el expresidente, Evo Morales, justifique estos ataques y minimice a las víctimas al afirmar que eran agentes de inteligencia o funcionarios del Gobierno.
“Se ha presentado la denuncia ante el Ministerio Público contra los autores por los delitos de robo agravado, tentativa contra la libertad de trabajo, privación de libertad y amenazas, toda vez que personeros de Bolivia Tv han sido retenidos y se les ha sustraído sus equipos”, informó el equipo jurídico de BTV.
Se trata de cuatro trabajadores enviados a realizar la cobertura de la marcha “evista” iniciada el martes en Caracollo. Al llegar a Patacamaya el jueves 19 de septiembre, el equipo sufrió una retención ilegal durante más de una hora y el robo de una cámara de emisión, un dron y equipo de iluminación, además de cargadores y baterías, entre otros accesorios de trabajo, según el medio estatal citado por ABI.
Esta agresión no fue la única durante las primeras jornadas de las manifestaciones políticas, pues al menos nueve atentados contra comunicadores fueron registrados por la Asociación Nacional de la Prensa (ANP) hasta el jueves, entre ellos, agresiones físicas a una periodista de Cadena A y el impedimento a un corresponsal de SEO Tv, de continuar una transmisión en vivo.
REPUDIO
Al respecto, la Asociación Nacional de Periodistas de Bolivia (ANPB) y la Asociación de Periodistas de La Paz (APLP) emitieron un comunicado, en el que expresaron su repudio ante las agresiones que sufrieron “por un grupo de marchistas afines a Evo Morales”, declarándose en estado de emergencia ante la violencia desatada contra reporteros de medios estatales e independientes.
El gremio consideró “absolutamente reprochable” que Morales justifique la violencia bajo el argumento de que los periodistas agredidos serían supuestos “agentes de inteligencia” o “funcionarios del Viceministerio de Comunicación”. Asimismo, rechazaron que el expresidente instruya a su “equipo de seguridad” imponer restricciones al despliegue periodístico.
“Condenamos cualquier acto que pretenda vulnerar la libertad de prensa y defendemos el derecho de las y los periodistas de poder informar libremente, sin ningún tipo de restricción para garantizar el derecho de acceso a la información de la ciudadanía”, señalaron.
La ANPB y la APLP reiteraron su exigencia al Estado de brindar garantías plenas para el trabajo periodístico y recordaron su obligación, tanto de tomar acciones concretas para frenar la violencia, como de investigar y sancionar a los responsables.