El gobernador en suplencia de Santa Cruz, Mario Aguilera, exigió al presidente del Estado, Luis Arce Catacora, la abrogación inmediata de la Ley 741, así como la revisión de procedimientos de la Ley 602 y otras normativas relacionadas con la fiscalización de tierras y la sanción por quemas forestales.
Tras dirigirse hasta el Aeropuerto El Trompillo, Aguilera se dirigió al Jefe de Estado con un comunicado consistente en siete peticiones. En primer lugar, exigió la revisión y agilización de procedimientos establecidos en la Ley No. 602 de Gestión de Riesgo, del 14 de noviembre del 2014.
Su segunda petición fue la abrogación inmediata de la Ley 741 del 29 de septiembre de 2015, de autorización de desmonte hasta 20 hectáreas para pequeñas propiedades comunitarias o colectivas para actividades agrícolas y pecuarias, incluidos sus decretos y reglamentaciones.
Luego de la pausa ambiental decretada, pidió que la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Bosques y Tierras (ABT) reglamente las autorizaciones de chaqueos y que haga pública la información, para seguimiento por parte de la sociedad civil.
Como cuarta medida, pidió al Gobierno un endurecimiento inmediato de las penas, con procesos judiciales ágiles, contra autores que producen incendios en el territorio nacional.
La quinta propuesta fue la construcción de un centro de atención conjunta que incluya a los tres niveles de estados, además del Servicio Nacional de Áreas Protegidas (Sernap), el Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA) y la ABT, como instituciones directamente relacionadas con la problemática, para que sean parte crucial en brindar soluciones.
Como sexta medida, Aguilera pidió que se modifique el Decreto Supremo 29215, para viabilizar el funcionamiento de la Comisión Agraria Departamental, a fin de garantizar el correcto uso de derechos y obligaciones sobre el suelo cruceño, transparentando la otorgación de títulos y concesiones sobre este territorio.
Finalmente, pidió que la primera respuesta ante los incendios a nivel municipal sea brindada por las divisiones del Ejército de la región, brigadas de bomberos comunales y unidades de gestión de riesgo municipal, sin mediar procesos o trámites que burocratizan el requerimiento del municipio afectado hasta el desplazamiento de los bomberos de la Gobernación. (Santa Cruz, con información de agencias)