El equipo legal de magnate sostiene que los intentos de esta comisión parlamentaria por lograr de «manera indebida» los registros solicitados están supeditados al interés del presidente Trump por lograr una revisión del caso «antes de que sufra un daño irreparable», por lo que ha solicitado que hasta tomar una decisión, bloqueen el acceso a toda esta documentación.
Esta comisión reclamó las comunicaciones tanto de altos funcionarios cercanos a Trump, como las que tuvieron lugar dentro de los muros de la casa Blanca los días previos y posteriores a la insurrección del 6 de enero con el fin de delimitar el grado de implicación que tuvo el expresidente en todos estos hechos.
La investigación pone de relieve las soflamas lanzadas a las puertas de la Casa Blanca por Trump en un mitin previo al asalto, desde el cual arengó a sus seguidores para que acudieran al Capitolio a «luchar» contra el fraude electoral, mientras los congresistas se encontraban en ese momento llevando a cabo el recuento de los votos electorales que confirmaban su derrota en las elecciones de noviembre frente al ahora presidente, Joe Biden.
Desde octubre Trump intentó reclamar el privilegio ejecutivo sobre estos documentos, que deberían, tal y como él mismo sostiene, mantenerse en secreto «a perpetuidad» y reclamando que en cualquier caso le dejen revisar previamente los registros antes de dejarlos en manos del Congreso, lo que podría llevar años.
La demanda impuesta por Trump abre una compleja batalla legal sobre las investigaciones del Congreso y el privilegio ejecutivo. El Tribunal Supremo reconoció durante la época de Richard Nixon que los expresidentes pueden tener interés legítimo en evitar la publicación de documentación, pero la de Trump sería la primera disputa entre un presidente en el cargo y su predecesor a este respecto. (Europa Press)