Dieciocho personas murieron tras choques con la policía en la región de Puno, en el peor día de violencia desde la expulsión de Castillo el 7 de diciembre, que lleva un saldo total de 39 fallecidos en enfrentamientos mientras que otras siete personas murieron en accidentes relacionados a bloqueos.
La ira en el sur andino continuará arreciando, dijeron líderes de las protestas, un gran riesgo para grandes empresas internacionales en el segundo mayor productor mundial de cobre, como el grupo chino MMG Ltd que controla la mina Las Bambas y Freeport-McMoRan, que opera Cerro Verde.
La lucha es indefinida, afirmó via teléfono Edgar Chura, dirigente y portavoz del Frente de Defensa de Puno, en frontera con Bolivia, antes de los intensos enfrentamientos del pasado lunes.
Chura cree que el exmandatario Castillo fue obligado a leer el mensaje de la nación en la que anunció el cierre del Congreso, una medida ilegal y fuera del margen constitucional.
El dirigente dijo que una demanda clave de las regiones del sur era el cambio de la actual Constitución, favorable al mercado y vigente desde la gestión del presidente Alberto Fujimori, quien gobernó en la década de 1990.
Los manifestantes quieren nuevas elecciones este año para depurar el Congreso y una asamblea para redactar una nueva Constitución. Boluarte, la primera mujer presidenta de Perú y que fue vicepresidenta de Castillo, trató de apaciguar a la protesta ofreciendo elecciones dos años antes, en abril de 2024.
Pero las otras demandas de los manifestantes no se pueden cumplir porque no están en sus manos, dice Boluarte, que parecía haber controlado la situación porque las protestas se enfriaron debido a las fiestas de fin de año.
Pero con el nuevo estallido de violencia, su administración está ahora bajo más presión, atrapado entre un Congreso hostil y votantes rurales enojados que sintieron que Castillo, aunque deficiente, era su representante frente a la élite política tradicional como exmaestro e hijo de campesinos.
¿VENGANZA?
El sur de Perú, una zona pobre llena de cobre, había sido clave en el ascenso inesperado de Castillo en las elecciones del 2021, cuando Boluarte fue su candidata a la vicepresidencia.
En Ayacucho, otra de las zonas golpeadas por los recientes disturbios, Rocío Leandro, dirigente del Frente de Defensa de Ayacucho, dijo que el enojo se había agudizado por la muerte de 10 personas en su región en diciembre, y solicitó la renuncia de Boluarte para permitir un gobierno de transición. (Reusters)