Este panorama, que genera alarma y socava las condiciones democráticas de la región, se constata en los informes semestrales de cada país aprobados por la 78ª Asamblea General de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), reunida en Madrid de forma presencial luego de más de dos años de encuentros virtuales debido a la pandemia.

Los 25 periodistas asesinados en los últimos seis meses fueron el hecho que generó mayor condena e indignación por parte de los más de 200 editores de medios que asistieron al encuentro. La cifra asciende a 40 si se considera el período desde la 77ª asamblea, realizada en octubre de 2021.

Nuevamente México fue el país con mayor número de víctimas, con 11 homicidios de periodistas y trabajadores de medios desde abril último, sin que las autoridades de esa nación hayan logrado combatir de forma eficaz esta dolorosa tragedia.

Los otros países donde se registraron asesinatos fueron Colombia (3), Haití (3), Ecuador (2), Honduras (2), Estados Unidos (1), Paraguay (1), Brasil (1) y Chile (1). Además, en Colombia prescribieron, en medio de la impunidad, tres casos de periodistas asesinados en 2002.

Durante la reunión fue entregado el gran Premio Libertad de Prensa de la SIP, en calidad de homenaje póstumo, a 20 periodistas que fueron asesinados en México durante los últimos 12 meses.

La asamblea exhortó a gobiernos y autoridades a que asignen prioridad a las investigaciones que permitan capturar a los culpables de los asesinatos de periodistas en la región. Además, instó a promover medidas que garanticen la protección del personal de prensa, tema que también fue discutido durante las sesiones, en busca de crear mecanismos adicionales y sistemas que contribuyan a fortalecer la seguridad de los integrantes de los medios en condiciones de riesgo.

En ese sentido, Ecuador y Paraguay están creando sistemas de protección para periodistas, que se sumarán a los de Brasil, Colombia, Honduras y México.

Pero no solo mediante el asesinato se intenta silenciar las voces de una prensa libre que investiga, denuncia y cuestiona. En este período, la persecución mediante intimidaciones y la criminalización judicial han llevado al exilio a 29 periodistas y mantiene en prisión, en muchos casos en condiciones infrahumanas, a 15 comunicadores y trabajadores de medios, ya sea por expedientes en curso o por condenas dictadas sin juicios justos.

El caso de Nicaragua, bajo el régimen de Daniel Ortega, sigue siendo el más alarmante. Seis periodistas condenados permanecen en prisión, en tanto que dos trabajadores del diario La Prensa siguen detenidos. Al menos 15 periodistas salieron al exilio y ya son más de 150 los que han vivido la misma situación en los últimos cuatro años. El gobierno continuó cerrando medios, entre ellos varias radioemisoras de la Iglesia Católica y cortó la señal de CNN en español.

Cuba es otro protagonista crítico de exilios y detenciones que lesionan gravemente la libertad de expresión. Un periodista y dos ‘influencers’ digitales permanecen presos, en tanto que cuatro ciudadanos están detenidos por críticas al gobierno en las redes sociales. Además, tres periodistas independientes se exiliaron y a otros 20 se les “ofertó” la opción de salir del país, con la amenaza de no regresar.

También en El Salvador dos periodistas permanecen presos, en tanto que 10 más se exiliaron debido a la hostilidad del gobierno de Nayib Bukele, el cual intensificó sus amenazas contra la prensa desde que decretó el estado de excepción para combatir las pandillas. Esta situación ha generado, además, autocensura de las fuentes informativas.

En Venezuela, otro país que ha sido fuente del exilio en los últimos años, el gobierno de Nicolás Maduro cerró 41 radioemisoras. También intensificó su ofensiva contra el libre acceso a la información mediante el bloqueo de sitios de internet de medios nacionales e internacionales. Para lograrlo, ordenó a las compañías telefónicas, oficiales y privadas, sacar del aire esos sitios web. Esa situación abrió una controversia sobre el papel de Movistar, filial de la multinacional Telefónica, por darle cumplimiento a este tipo de intervenciones antidemocráticas.

En esta asamblea se hizo un llamado para que se facilite que los periodistas en riesgo puedan acogerse al programa de Reporteros Sin Fronteras España con el Ayuntamiento de Madrid, que les brinda formación y apoyo.

Otro frente de preocupación es el serio deterioro de las condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico por cuenta del avance del narcotráfico y el fenómeno de su transversalidad que abarca a varios países. Las denuncias de amenazas y hostigamientos contra la prensa bajo ese contexto se registraron especialmente en México, Colombia, Ecuador, Argentina y Paraguay.

A eso se suman las conductas de estigmatización del periodismo y las campañas de desprestigio provenientes de gobiernos, sus aliados y movimientos políticos. El escenario más extendido para estos ataques han sido las redes sociales. Los casos de mayor intensidad en este frente se registraron en Brasil, Costa Rica, Ecuador, Guatemala, México, Perú y Nicaragua. También el ambiente de alta polarización en las campañas presidenciales de Colombia y Brasil desembocó en este tipo de hostilidad contra periodistas y medios.

La incitación a los discursos de odio en el ecosistema digital afecta prácticamente a toda la región, al punto que hasta en Canadá, uno de los países con mayores garantías para la libertad de prensa, las organizaciones de periodistas reclamaron al gobierno tomar acciones contra las plataformas y redes sociales para que frenen la circulación de mensajes violentos contra los medios y sus integrantes.

Además, siguen siendo inquietantes los intentos por limitar la libertad de expresión a través de leyes nuevas o en proceso de ser debatidas y mediante mecanismos gubernamentales de control.

En Cuba genera temor el reciente Código Penal, el cual aumenta los castigos, que incluyen prisión, por el delito de desacato en casos de ofensas o críticas contra miembros del gobierno.

Y en Chile hay alerta por la decisión de la presidencia de Gabriel Boric de crear una comisión que contempla definir estándares sobre la “regulación del sistema de medios” y definir “el derecho a la libertad de expresión y de prensa”. El borrador de un proyecto de ley en Colombia que establece restricciones a la libertad de prensa en el marco de una iniciativa para promover la pluralidad de medios comunitarios también despierta preocupación.

De forma positiva hay que destacar que Guatemala y República Dominicana archivaron leyes sobre ciberdelincuencia con mordazas a la prensa, mientras que Honduras derogó la Ley para la Clasificación de Documentos Públicos, que incluía obstáculos para acceder a información pública.

La presentación de un nuevo reporte del Índice de Chapultepec de Libertad de Expresión y de Prensa confirmó la situación crítica consignada en los informes de cada país. En la escala más baja, sin libertad de expresión, aparecen Cuba, Venezuela y Nicaragua. Las únicas dos naciones que están en la franja de libertad de expresión plena son Canadá y Jamaica.

En tanto que en el grupo de parcial restricción figuran Colombia, Perú, Argentina, Honduras, Ecuador, Brasil, Bolivia, México y El Salvador. Guatemala está en la categoría de alta restricción. El resto quedaron clasificados en el bloque de baja restricción.

La compleja situación de quienes ejercen el periodismo, la pérdida de sostenibilidad de numerosas empresas de prensa por los efectos de la pandemia y el avance de las grandes plataformas globales y la consolidación en varios países de los poderes políticos autocráticos, limitan el papel de investigación y fiscalización de la prensa.

Desde esta asamblea se reclamó a las plataformas digitales que remuneren a los medios en forma justa, razonable y equitativa por el uso de los contenidos noticiosos que distribuyen y monetizan. Todos estos factores constituyen hoy una mezcla de elementos que debilitan las democracias de las Américas, una región que hoy más que nunca necesita de un periodismo fortalecido y protegido por la sociedad.”

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos.

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