Miami.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) condenó al gobierno de Nicaragua por la consumación del robo y desmantelamiento de las instalaciones de Editorial La Prensa, en Managua, lo que “corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en ese país”.

El pasado 23 de agosto, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo dio la orden de desmantelar La Prensa, cuyas instalaciones fueron asaltadas en agosto de 2021 y ocupadas por la Policía desde entonces. En el edificio, el régimen inauguró un centro de capacitación cultural. Se estima en más de 10 millones de dólares el valor de los bienes confiscados, entre ellos inmuebles, una rotativa para la impresión del periódico y una imprenta comercial.

Previamente, el régimen también confiscó otros medios, entre ellos Confidencial y 100% Noticias, cuyas sedes fueron convertidas en una casa materna y en un centro de atención para adictos, respectivamente.

La SIP expresó su solidaridad con los directivos y el personal de La Prensa, quienes ayer respondieron al régimen con un anuncio en su portal: “Ninguna dictadura ha mostrado tanta saña contra los valores que representa La Prensa, como la de Daniel Ortega y Rosario Murillo”.

El comunicado enfatiza que “La Prensa ha enfrentado tres dictaduras”, también “ha sufrido cierres, encarcelamientos de directivos y periodistas, el asesinato de su director, Pedro Joaquín Chamorro Cardenal, el 10 de enero de 1978, bombardeo y quema de sus instalaciones, asedio de turbas fanatizadas, censura, bloqueo aduanero a los suministros” que hacían posible su impresión. También reclama por “la ocupación y robo de su propiedad inmueble, sus instalaciones y equipos de trabajo”.

Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que “con gran descaro el régimen legaliza y consuma la usurpación de todos los bienes y el edificio de La Prensa, lo que corrobora la evidente persecución oficial contra el periodismo independiente en ese país”.

Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, recordó que “estamos ante el régimen que se ha constituido en el mayor represor de las Américas”.

El mes pasado, periodistas, editores, fotógrafos y personal del diario debieron salir del país “para resguardar su seguridad y libertad”, según denunció La Prensa, que sigue funcionando de forma digital desde el exilio. Además, el gobierno también apresó al gerente general del periódico, Juan Lorenzo Holmann Chamorro, vicepresidente regional de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, y a los miembros de la directiva de La Prensa, Cristiana Chamorro y Pedro Joaquín Chamorro, condenados a elevadas penas de prisión sin el debido proceso judicial.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, indicó que “el régimen manipula y utiliza todos los recursos a su alcance para desaparecer medios incómodos como La Prensa, violando la Constitución que prohíbe estos actos”.

Jornet, director periodístico de La Voz del Interior Argentina, agregó que “los medios, las asociaciones de prensa y las organizaciones internacionales no podemos dar un paso al costado y guardar silencio ante esta muy grave violación a la libertad de prensa en Nicaragua”.

Canahuati y Jornet, también, advirtieron sobre el acoso similar en contra de medios independientes en otros países del continente. De la misma forma que La Prensa, en enero, el gobierno de Nicolás Maduro consumó el robo de las instalaciones del diario El Nacional, de Venezuela.

Tras una amañada resolución de la Justicia a favor de Diosdado Cabello, el gobierno confiscó el edificio del diario, en el que abrirían una escuela de periodismo. Anteriormente, en mayo de 2007, el gobierno de Hugo Chávez sacó del aire al canal RCTV, el de mayor audiencia del país, con el argumento de que se había vencido su concesión. Chávez montó en ese edificio un nuevo medio de comunicación que opera con los equipos robados a RCTV.

La SIP reiteró la vigencia de la Declaración sobre Nicaragua, firmada por 27 organizaciones nacionales e internacionales de prensa en abril pasado, que denuncia a la dictadura, condena el exilio forzado de más de 120 periodistas, pide la devolución de las instalaciones a La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, y exige la liberación inmediata de los periodistas Miguel Mora, Miguel Mendoza y Jaime Arellano, así como de los miembros del directorio de La Prensa.