Miami.- El cierre gubernamental de 11 radioemisoras y cuatro canales de TV por cable en el norte de Nicaragua fue denunciado ayer por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) como «parte de una campaña que pretende eliminar todo vestigio de prensa independiente «.

La mayoría de las estaciones confiscadas, en el departamento de Matagalpa, pertenecen a la Iglesia Católica. Esta acción es simultánea con un clima de agresiones policiales contra templos católicos y sacerdotes.

La cancelación de las estaciones fue realizada por el Instituto Nacional de Telecomunicaciones y Correos (Telcor) junto a agentes de la Policía sandinista. La directora de Telcor es hija del jefe de la Policía nacional, Francisco Díaz, miembro prominente de la familia que integran el presidente Daniel Ortega y su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.

«Con un solo golpe, el gobierno de Nicaragua creó un nuevo desierto informativo en el interior del país, donde las estaciones clausuradas prestaban un valioso servicio comunitario a miles de personas. Es obvio que se pretende acabar con todo vestigio de prensa independiente», afirmó el presidente de la SIP, Jorge Canahuati, CEO del Grupo Opsa, de Honduras.

El pasado lunes la Policía también ingresó con violencia a la parroquia Jesús de la Divina Misericordia, en Sébaco, para confiscar los equipos de Radio Católica.

Además, el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, director periodístico del diario argentino La Voz del Interior, afirmó que «la Policía recurrió a un uso excesivo de violencia contra las estaciones cerradas, lo cual indica el alto grado de impunidad del que gozan las autoridades nicaragüenses en las regiones más remotas del país».

«El gobierno de Ortega ya no solo es enemigo de la libertad de prensa, sino que también ahora parece suprimir la libertad de culto y de pensamiento en Nicaragua», advirtió Jornet.

La SIP hizo un llamado a la comunidad internacional para que no abandone las presiones por la libertad de prensa y la democracia en Nicaragua. Una campaña de la SIP a favor de los seis periodistas que se hallan como presos políticos desde hace más de un año fue desplegada en varios medios de todo el hemisferio hace una semana.

En abril pasado la SIP, junto a 26 organizaciones regionales e internacionales de prensa, difundió la Declaración de Nicaragua, que pide a organismos multilaterales y gobiernos la adopción de acciones concretas para obligar al gobierno de Nicaragua a que detenga las violaciones a los derechos humanos y los atropellos a la libertad de prensa y restablezca la democracia.