La organización alertó sobre el alto nivel de violencia que se viene registrando este año contra comunicadores en las Américas.
Los reporteros Dilia Contreras y Leiner Montero se movilizaban en un vehículo por una carretera del municipio de Fundación, en el departamento de Magdalena, cuando fueron atacados a tiros desde una moto en la madrugada del 28 de agosto, según medios locales. Otra persona que viajaba con los periodistas resultó herida, pero está fuera de peligro.
De acuerdo a testimonios, ambos cubrían las fiestas patronales de Santa Rosa de Lima, zona rural Fundación, donde se habría registrado un altercado entre varias personas en la que estuvo involucrado Montero. La periodista Contreras, de 39 años, era directora del programa digital La Bocina Col. Montero, de 38, era director de la emisora comunitaria Sol Digital Stereo.
Jorge Canahuati, presidente de la SIP, dijo que «si bien aún se desconoce el móvil de los asesinatos, instamos a las autoridades a no descartar el trabajo periodístico en sus líneas de investigación». Canahuati, CEO de Grupo Opsa, de Honduras, expresó su solidaridad con los familiares y colegas de los periodistas asesinados.
El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet, añadió que «estamos muy alarmados por el nivel de violencia contra los periodistas que se alcanzó este año en Latinoamérica». Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, detalló que, de acuerdo a registros de la SIP, la cifra de periodistas asesinados en 2022 asciende a 30: 18 en México, 3 en Haití, 2 en Ecuador y Honduras, respectivamente; 1 en Brasil, Guatemala y Chile, en cada uno de esos países, además de los 2 crímenes de Colombia.
Canahuati y Jornet recordaron que tanto la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, como la Declaración de Chapultepec, de la SIP, condenan «el asesinato, secuestro, intimidación, amenazas» contra periodistas, hechos que coartan severamente la libertad de expresión, y establecen que estos deben ser investigados con prontitud por los Estados.