El 21 de marzo de 2022 el Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua confirmó condenas que oscilan entre 7 y 13 años de prisión contra Cristiana Chamorro Barrios, Pedro Joaquín Chamorro Barrios, Walter Antonio Gómez Silva, Marcos Antonio Fletes Casco y Pedro Salvador Vásquez, beneficiarios de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana, por su vinculación con la FVBCh. Además, les habría impuesto multas de 1.6 millones de dólares aproximadamente.

Para la CIDH y sus Relatorías Especiales, esta decisión judicial se inserta en un contexto de medidas adoptadas por el Ejecutivo mediante el concurso de diferentes instituciones estatales alineadas y dirigidas por el Ejecutivo para cerrar el espacio cívico y que atentan gravemente contra organizaciones que ejercen la defensa de los derechos humanos, la libertad de asociación y de expresión.

En este sentido, el 17 de marzo, la Asamblea Nacional aprobó la cancelación arbitraria de la personería jurídica de 25 organizaciones y fundaciones, por el presunto incumplimiento de requisitos establecidos en la Ley General sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro y en la Ley contra el lavado de activos y su reglamento. Con esta decisión, según información del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (MESENI), al menos 135 organizaciones han sido cerradas de manera forzada desde diciembre de 2018.

La RELE expresa su preocupación, particularmente, por la cancelación de la personalidad jurídica de la Asociación de Periodistas de Nicaragua (APN) y de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh), y la anterior cancelación de PEN Nicaragua, organizaciones dedicadas a la defensa de la libertad de expresión y la promoción de un periodismo de calidad en el país. Tanto la FVBCh como PEN Nicaragua se vieron forzadas a cesar sus operaciones en febrero de 2021 a raíz de la Ley de Agentes Extranjeros, normativa cuestionada por la RELE y Relatores de Naciones Unidas por ser contraria a los estándares internacionales en la materia.

De igual manera, la REDESCA expresa su preocupación ante la cancelación de la personería jurídica del Centro Alexander von Humboldt (Centro Humboldt), la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (FUNIDES) y la Asociación Operación Sonrisa, dedicadas a la defensa del ambiente y de los territorios frente al cambio climático, a la erradicación de la pobreza y a la promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. La REDESCA resalta que el Centro Humboldt funge además como la coordinadora regional de la Red de Acción Climática para Latinoamérica (CANLA en inglés), la cual abarca una amplia red de organizaciones de sociedad civil que concierta los esfuerzos de promoción y defensa de las acciones climáticas desde un enfoque de derechos en la región.

Por otra parte, la Comisión y sus Relatorías Especiales condenan la cancelación de la personería jurídica del Centro por la Justicia y Derechos Humanos de la Costa Atlántica de Nicaragua (CEJUDHCAN), organización que ha contribuido históricamente a la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes de la Costa Caribe. Al respecto, integrantes de diferentes comunidades han denunciado los graves efectos que el cierre de esta organización tiene para la protección de sus derechos y territorios tradicionales en un contexto de agresiones sistemáticas por parte de «colonos».

En tal sentido, el pasado 15 de marzo, la CIDH tomó conocimiento del asesinato del líder indígena del Territorio Mayangna Sauni Arungka, Salomón López Smith, quien fuera localizado con alegados signos de tortura después de siete días de encontrarse desaparecido. La CIDH condena estos hechos y urge al Estado a investigar con debida diligencia y sancionar a los responsables, así como a tomar todas las medidas para garantizar la vida, seguridad e integridad de los pueblos y comunidades indígenas y afrodescendientes, así como la protección de sus territorios.

Frente a la concentración del poder en el Ejecutivo y el quebrantamiento del Estado de derecho, la Comisión y sus Relatorías Especiales advierten con preocupación que, el cierre masivo y forzado de las organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, universidades, agencias de cooperación y desarrollo, colectivos feministas, gremios médicos, entre otros; impactan negativamente en la población nicaragüense puesto que la deja en un estado de indefensión y mayor vulnerabilidad para la defensa de sus derechos, y desincentivar cualquier forma de asociación y expresión de disenso. Además, son medidas que profundizan la crisis económica, social, política y de derechos humanos en el país.

La CIDH y sus Relatorías hacen un llamado enérgico a las autoridades a liberar a las personas detenidas arbitrariamente, y a cesar todo tipo de persecución judicial, administrativa o de cualquier otra índole contra las personas y organizaciones que ejercen actividades legítimas, de relevancia democrática y, por lo tanto, especialmente protegidas por el derecho internacional. Asimismo, reiteran el deber de garantizar el debido proceso en el marco de los procedimientos legislativos y judiciales en curso.

La REDESCA y la RELE son oficinas autónomas de la CIDH, creadas para apoyar a la Comisión en el cumplimiento de sus respectivos mandatos: sobre promoción y protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales en el continente americano (REDESCA); y para la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión (RELE).

La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actuar como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan a sus países de origen o residencia. (OEA)