“Para mí está claro que muchas personas tienen miedo de hablarme. Mucha gente tiene miedo de escribirme, de que mi teléfono esté siendo vigilado”, explica en este informe la periodista marroquí Aida Alami, que trabaja para The New York Times.

En México, el país más letal para los periodistas en el hemisferio occidental, se descubrió que algunos de ellos fueron espiados, pese a las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de acabar con la vigilancia ilegal, asegura Luis Fernando García de la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D).

“Desgraciadamente, la situación reguladora y la capacidad de las autoridades para interceptar las comunicaciones siguen intactas”, asegura García, cuyo grupo apoya a los periodistas que fueron objeto de espionaje con Pegasus, un programa informático desarrollado por la empresa israelí NSO Group en el verano boreal de 2021.

Para el húngaro Szabolcs Panyi, periodista de la publicación digital Direkt36, cuyo nombre apareció en la lista de personalidades espiadas por Pegasus, el mayor miedo actualmente es que este caso tenga un efecto disuasivo en las fuentes y sea un obstáculo para nuestro trabajo durante mucho tiempo.

Este sentimiento es una de las principales constataciones del CPJ, con sede en Nueva York, que recuerda la solicitud presentada por más de 180 organizaciones no gubernamentales y expertos de la ONU de una moratoria sobre la venta, el uso y la transferencia de tecnologías relacionadas con estos programas espías, mientras se crea un marco regulador que garantice el respeto de los derechos humanos.

Más preocupante para el CPJ es que los viejos métodos de defensa no funcionan contra la nueva generación de programas espías, que pueden infiltrarse en un teléfono sin que el usuario abra un enlace o descargue un documento adjunto, sino simplemente mediante un simple llamada sin respuesta, o un SMS invisible.

El comité, que detalla casos de cuatro países (México, Hungría, Marruecos e India), advierte que incluso en las sociedades democráticas, la voluntad política de limitar los programas informáticos espías con fines de lucha contra el terrorismo puede fallar.

Más allá de una moratoria, el CPJ reclama que se restrinjan las importaciones y exportaciones a países que convierten estas tecnologías en instrumentos de represión y la creación de un tratado internacional que limite su comercio.

Para las empresas que desarrollan este tipo de programas, el comité solicita que se comprometan públicamente en favor de la libertad de prensa, e incluyan cláusulas explícitas de prohibición de espiar a periodistas en los contratos y licencias, así como la posibilidad de revocar el acceso a los programas espías cuando se detecte un abuso y lo señalen. (Infobae).