El magistrado Alexandre de Moraes, instructor del caso, concluyó el análisis de las audiencias de custodia de los detenidos en flagrancia, quienes pasarán al régimen de prisión preventiva, una medida cautelar que no estipula un plazo para una sentencia.
Otras 464 personas fueron amparadas con medidas cautelares y responderán ante la Justicia en libertad provisional, pero sometidos a varias condiciones, entre ellas el uso de tobillera electrónica para ser monitoreados y presentación semanal ante las autoridades.
De Moraes indicó que los implicados entran a prisión preventiva por participar en actos de terrorismo y destrucción de predios públicos y responderán por los delitos de asociación criminal, abolición violenta del Estado democrático de derecho y golpe de Estado.
También les fueron imputados cargos por amenaza, persecución e incitación al crimen, según un comunicado del Supremo Tribunal Federal (STF).
Otras 684 personas, de acuerdo con la Policía Federal, fueron liberadas por razones humanitarias, por tratarse de ancianos, enfermos o mujeres con niños, pero sus nombres fueron incluidos también en las investigaciones.
La Fiscalía General de Brasil también emitió cinco órdenes de captura, entre ellas las del cesado gobernador de Distrito Federal, Ibaneis Rocha, y la del ex secretario interino de Seguridad Fernando de Souza Oliveira por los hechos ocurrido el pasado 8 de enero en la capital.
El objetivo de las autoridades es recoger más evidencias que ayuden a esclarecer por qué ambos habrían dejado de tomar las medidas necesarias para evitar los actos violentos de aquel día.
Las Fuerzas Armadas de Brasil garantizan que no habrá otro intento de golpe de Estado como el que perpetraron miles de bolsonaristas radicales el pasado 8 de enero en Brasilia, según afirmó el ministro de Defensa, José Múcio. (Infobae).