De acuerdo a lo señalado por el Ejecutivo, los efectivos contribuirán al refuerzo del control policial en las carreteras, con el objetivo de realizar los respectivos controles a las personas que se movilizan por la frontera, vale decir, resguardar y controlar la migración irregular.

Asimismo, la comunidad presente en Colchane, en la región de Tarapacá, espera que baje, al menos, el ingreso de extranjeros por la frontera de esas zonas. Según acusan, desde hace por lo menos tres años vinieron con fuerza una avalancha de venezolanos, pero en el último tiempo también, en concordancia con sus relatos, colombianos, haitianos y salvadoreños se sumaron a esta migración.

Ingresos que si bien hasta el 2022 eran perceptibles en las carreteras, tanto en Colchane, Huara y en la Ruta 5 Norte, hoy la situación ha cambiado, ya que muchos de los inmigrantes ilegales bajan en buses que nadie sabe de dónde y cómo pueden transitar, posibilitando la teoría que manejan algunas autoridades chilenas de que lo hagan a través de vehículos piratas, financiados por los llamados ‘coyotes.

En ese sentido, el despliegue militar contempla controles de identidad; registro de equipaje, si existe presunción de delito y disparos de advertencia, entre algunas de las medidas que los militares chilenos podrán llevar a cabo, como parte de sus atribuciones en el control de la migración irregular, en los puntos sensibles de las fronteras con Perú y Bolivia. Todo, sobre la base de los criterios que establece la nueva ley de Infraestructura Crítica, aprobada por el Congreso de Chile.

Por consiguiente, y en base a lo dispuesto en la nueva normativa, el control fronterizo con el reforzamiento militar tendrá una extensión de 3 meses (90 días). Siguiendo esa misma línea, autoridades regionales coinciden en que esperan medidas más permanentes, considerando que el territorio afectado por la migración irregular considera una extensión de 952 kilómetros. Esto, porque la frontera entre Chile y Perú establece un límite de 170 kilómetros y aumenta considerablemente con Bolivia al contemplar 782 kilómetros, con un total de seis pasos habilitados legales para ambas fronteras.

Por otro lado, el gobernador de Antofagasta (región ubicada a más de 1.000 kilómetros al norte de Santiago), Ricardo Díaz, manifestó que se requiere con urgencia la modificación de la ley de migraciones, sumándose así a los cuestionamientos emitidos por el alcalde de Colchane, Javier García, quien declaró que la ley migratoria incentiva el acceso irregular a Chile.

En ese mismo punto, la autoridad llamó por lo mismo a los distintos sectores políticos a participar en la mesa de seguridad y todas las instancias que existan para dar solución a este problema. Planteó, a su vez, que “esa discusión de Estado de Excepción o no Estado de excepción. “Necesitamos más resguardo en las fronteras, pónganle el nombre que quieran, pero tomen decisiones concretas, ahora ya”. A su juicio, no se avanzó al respecto por diferencias políticas: “Yo creo que cuando entramos en esta dinámica más ideológica ahí nos perdemos todos. La ciudadanía lo que quiere es mesa de seguridad hoy”, sostuvo. (Infobae)