«No hay manera de justificar ese tipo de conversaciones. Solicitó al Gobierno que suspenda absolutamente todo tipo de diálogo, de conversaciones, de negociación oficial o extraoficial con los narcotraficantes. No son necesarios y hacen daño al noble propósito de la ‘paz total'», ha declarado Barreras.
Además, ha defendido que los narcotraficantes se sometan a la justicia ordinaria, pagando penas efectivas de cárcel y que las medidas las dicte el despacho del fiscal general.
«Hay una ley de sometimiento en trámite y, una vez el Congreso apruebe esta ley, y los narcos podrán someterse a la justicia al igual que sus bandas. Podrían encaminarse hacia la sociedad y salvar a sus familias», explicó el presidente del Congreso colombiano.
Asimismo, dijo que los narcotraficantes no deben recibir beneficios especiales. «El hecho de que haya intermediarios de mala fe que hayan utilizado la noble intención de la ‘paz total’ para lucrarse negociando con narcotraficantes que le ha hecho un daño profundo al propósito de la misma», manifestó.
La Procuraduría de Colombia anunció el viernes pasado la apertura de una investigación contra Nicolás Petro, hijo del presidente del país, Gustavo Petro, después de que éste solicitara la entrada de la Fiscalía por los rumores de que tanto Nicolás como su hermano Juan Fernando Petro Urrego habrían cobrado sobornos para incluir a delincuentes en los procesos de paz que adelanta el Gobierno.
La procuradora general, Margarita Cabello, explicó que tan pronto como supo de las demandas del presidente, decidió abrir una investigación contra el primogénito de este al tratarse de «un servidor público». «Nos corresponde abrir la investigación para, después del debate probatorio, tomar la decisión que corresponda», recogió RCN.
El jueves, el presidente Petro sorprendió al emitir un comunicado, pidiendo a la Fiscalía que investigara tanto a su hijo mayor como a su hermano ante los rumores de que estarían cobrando sobornos a miembros de grupos armados y narcotraficantes para acogerse al plan de paz total del Gobierno. (EUROPA PRESS)