El Poder Ejecutivo envió esta semana al Congreso un proyecto de ley que crea el delito de difusión de información reservada en la investigación penal (Proyecto de Ley N°2508-2021-PE). Denominado “ley mordaza” por los críticos, incorpora el artículo 409 C en el Código Penal, para castigar con prisión de entre uno y dos años a quien “proporcione o difunda información de carácter reservado” de un proceso penal.
Contempla agravantes. Castiga con dos a tres años de cárcel si la información la difunde un juez, fiscal, auxiliar jurisdiccional, asistente administrativo o un policía. Los medios de comunicación y periodistas tampoco quedan exentos de castigo, ya que podrían ser procesados como cómplices o instigadores y recibir hasta cuatro años de prisión.
El presidente de la SIP, Jorge Canahuati, dijo que el proyecto de ley acomete contra la debida transparencia sobre hechos de interés público, restringe la labor de difusión de la prensa y su relación con las fuentes anónimas, “muchas veces, la única forma para revelar temas que los poderes quieren mantener en penumbras”. Canahuati, presidente ejecutivo de Grupo Opsa, de Honduras, consideró que “se trata de un instrumento peligroso que busca imponer un manto de oscuridad sobre actos de corrupción”.