Aunque el tema principal era participar de la audiencia judicial que analizó el caso del periodista y presidente de elPeriódico, José Rubén Zamora, y visitarlo en la cárcel donde está recluido hace más de cuatro meses, la SIP se expresó en duros términos sobre otros temas denunciados por comunicadores, directores de medios, asociaciones de prensa y representantes de instituciones de la sociedad civil guatemalteca.

La delegación de la SIP estuvo integrada por su presidente, Michael Greenspon; por Carlos Jornet, presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, y por Ricardo Trotti, director ejecutivo. En conferencia de prensa al final de la visita, los delegados de la SIP sostuvieron: «Nos preocupa la presión contra la libertad de prensa y el periodismo independiente, a sabiendas de que se trata de uno de los últimos bastiones para resguardar el pluralismo y el debate ciudadano en el país».

Reclamaron que, así como lo indica el Índice Chapultepec 2022 –que posiciona a Guatemala como el cuarto peor país entre los 22 evaluados, después de Nicaragua, Cuba y Venezuela–, «este país está no solo está perdiendo la libertad de prensa sino también la democracia».

La delegación reclamó con énfasis ante las autoridades del país y del Ministerio Público que «el gobierno debe terminar con el acoso legal y judicial, en algunos casos mediante la utilización de leyes como la equidad de género». También debe dejar de utilizar netcenters para atacar la credibilidad del periodismo en redes sociales y cesar sus presiones sobre los periodistas para que revelen sus fuentes informativas cuando denuncian temas de corrupción.

Los delegados urgieron al gobierno a que no limite las fuentes de información y dé amplio acceso a la información pública, así como exigieron que se investiguen casos de agresiones y crímenes contra periodistas que permanecen impunes. También reclamaron que el gobierno no discrimine a los medios y deje de presionar a empresarios para que no pauten publicidad en medios críticos e independientes.

Respecto del caso Zamora, la SIP sostuvo que las características de la acusación y las irregularidades que se denunciaron para armar el caso generan preocupación de que se intente montar procesos contra otros periodistas que investigan y denuncian al poder. Los delegados advirtieron que hasta ahora la Justicia ha hecho oídos sordos a las múltiples anomalías que se registraron en la etapa de instrucción de la causa.

«Si la Justicia no actúa con independencia y sólo es instrumento de otros poderes, se terminará induciendo autocensura en otros medios y periodistas que investiguen al poder», dijeron los delegados; en particular, entre medios pequeños y más vulnerables a las presiones. La SIP denunció el aumento de la criminalización y judicialización a periodistas y medios comunitarios, y que hay temor por la seguridad física ante amenazas frecuentes a quienes denuncian el avance del crimen organizado, debido a la connivencia de narcodelincuentes con autoridades locales y fuerzas policiales.

En los departamentos, especialmente en lugares muy alejados de las zonas urbanas, hay una ausencia del Estado, fue el reclamo escuchado durante la misión.

En encuentros con funcionarios del órgano ejecutivo y del Ministerio Público fiscal, «expusimos el crítico panorama que recogimos de parte de periodistas y directivos de medios», dijo Greenspon, director global de Licencias e Innovación de Impresión, The New York Times Company, Estados Unidos.

Durante las reuniones preparatorias para esta misión también se denunciaron «las condiciones adversas que deben afrontar los periodistas, por el ataque sistemático de parte de funcionarios públicos y de netcenters paraoficiales que, muchas veces desde el anonimato, descargan en redes sociales y sitios web descalificaciones permanentes que en ocasiones alientan violencia física». Greenspon aseguró que la SIP pidió que se detenga el uso de netcenters, financiados con recursos públicos y privados para atacar y amenazar a periodistas, políticos opositores y ciudadanos que cuestionan al Estado.

En el caso de Zamora, la SIP reiteró su respaldo y el compromiso de exigir a las autoridades que se respeten todas las condiciones para un debido proceso. La organización planteó que mientras se desarrolle la causa, se flexibilicen las condiciones de su detención y se garantice un equilibrio entre las investigaciones judiciales que deban realizarse y la preservación del libre ejercicio de la libertad de prensa por parte del equipo de elPeriódico.

La SIP aclaró que «no llegó a Guatemala a hacer política», como acusó a la organización el abogado Raúl Falla Ovalle, de la Fundación Contra el Terrorismo (FCT), durante la audiencia judicial por el caso de Zamora. «La visita de la SIP fue para reclamar que haya debido proceso», aclararon los delegados.

Respecto de este asunto, la organización recibió informes pormenorizados de parte de integrantes de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH) y de la fiscal general Consuelo Porras y su equipo de colaboradores. Todos ellos aseguraron que el proceso se ajusta a derecho y que actúan guiados sólo por principios de objetividad, imparcialidad y legalidad.

En ese sentido, la SIP expresó que estará atenta a la presentación de pruebas por el caso, prevista para el 13 de diciembre, luego de que el juez Fredy Orellana resolviera iniciar el proceso contra Zamora.

La misión a Guatemala se realizó el 8 y 9 de diciembre. Durante dos días de intensas reuniones, la delegación pudo apreciar miradas dispares y en muchos casos diametralmente opuestas sobre el entorno en que se desenvuelve al ejercicio del periodismo en el país.

Los contactos incluyeron al vicepresidente de la República, Guillermo Castillo Reyes; funcionarios de distintos niveles y áreas del Estado; representantes de la Corte Constitucional; el embajador de Estados Unidos, William Popp, e integrantes de su equipo diplomático; empresarios; el presidente de la Conferencia Episcopal, monseñor Gonzalo de Villa, y colegas de medios de todo el país.

La delegación de la SIP asistió a la apertura de la audiencia judicial por el caso de Zamora el 8 de diciembre, y lo visitó el 9 de diciembre en la prisión Mariscal Zavala, para verificar in situ las condiciones de detención, plantear un posible arresto domiciliario e insistir en que mientras tanto se amplíe el régimen de visitas.

En los últimos 27 años, la SIP envió delegaciones internacionales a Guatemala en 10 ocasiones: 1995, 1997, 1999, 2001 en tres ocasiones, 2009, 2013, 2014 y 2015. También celebró en 1997 la histórica conferencia hemisférica Crímenes sin Castigo contra Periodistas, y el país fue asimismo sede de tres reuniones semestrales de la SIP, en 1994, 2004 y 2017.

Detalle de reuniones

Los delegados de la SIP se reunieron con: Guillermo Castillo Reyes, vicepresidente de Guatemala; María Consuelo Porras Argueta, fiscal general de la República y jefa del Ministerio Público; Ramiro Alejandro Contreras Escobar, director ejecutivo de la Comisión Presidencial por la Paz y los Derechos Humanos (COPADEH); Lesther Castellanos Rodas, relator de la Oficina Nacional de Prevención de la Tortura.

En la reunión con el Ministerio Público, además de la fiscal general, participaron: Ángel Pineda Ávila, secretario general; Erick Eduardo Schaeffer Cabrera, primer subsecretario general; José Rafael Curruchiche, fiscal de sección de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (FECI); Cinthia Monterroso, fiscal que lleva el caso Zamora; Edgar Rolando Rodenas Navarro, fiscal de sección encargado de la Fiscalía de Delitos Contra Periodistas, y Juan Luis Pantaleón, jefe de Información y Prensa.

En la reunión con COPADEH también estuvieron presentes: Joaquín Flores, director del Sistema Penitenciario, y Kevin López, secretario de Comunicación Social de la Presidencia, entre otros.

La SIP también se reunió con William Popp, embajador de EE.UU. y funcionarios de las oficinas de Asuntos Públicos y Políticos de la Embajada; monseñor Gonzalo de Villa, presidente de la Conferencia Episcopal de Guatemala; Alejandro Córdova, procurador de los Derechos Humanos; Roberto Molina Barreto, magistrado de la Corte de Constitucionalidad; Luis Fernando Leal, primer vicepresidente, Comité Coordinador de Asociaciones Agrícolas, Comerciales, Industriales y Financieras (CACIF); Gonzalo Marroquín, director de revista Crónica; Mario Alejandro Sandoval y Christian Blank, Prensa Libre, y Ramón Zamora, responsable encargado de elPeriódico.

La SIP es una organización sin fines de lucro dedicada a la defensa y promoción de las libertades de prensa y de expresión en las Américas. Está compuesta por más de 1.300 publicaciones del hemisferio occidental, y tiene sede en Miami, Florida, Estados Unidos. (Miami, SIP)