La ONG Amnistía Internacional (AI) solicitó ayer al Gobierno de España que suspenda inmediatamente todo tipo de exportaciones de armas y material antidisturbios a Perú para evitar su uso en la represión a la población en el marco de las manifestaciones contra el Gobierno de la presidenta, Dina Boluarte.

La organización indicó en un comunicado que la represión se llevó a cabo con proyectiles antidisturbios de escopeta y balas de goma fabricados por la empresa española Maxam Outdoor y aseguró que continuará investigando si estas armas se utilizaron para cometer violaciones graves de los Derechos Humanos en el país latinoamericano.

En este sentido y como medida cautelar, Amnistía Internacional en España insistió en la necesidad de que el Gobierno ponga fin a la venta de este tipo de materiales y solicitó mejoras en la evaluación de riesgo de las ventas de armas a Perú, para garantizar que las armas españolas no se usan para cometer violaciones y se investigue su utilización.

Así, durante la presentación de los resultados de las investigaciones realizadas por la misión de la organización desplegada en Perú, lamentó que entre el 29 de enero y el 11 de febrero, se recibió información sobre al menos 46 posibles violaciones de los Derechos Humanos y se documentó la muerte de doce personas por armas de fuego.

En Juliaca, en el departamento de Puno, donde se concentra un alto porcentaje de población indígena, 17 personas perdieron la vida el 9 de enero en el contexto de la represión policial, tal y como advierte el informe de AI.

La propia Fiscalía declaró que las muertes fueron causadas por proyectiles de arma de fuego, provocando uno de los eventos más trágicos y perturbadores en todo el país.

POSIBLES EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES

A pesar de que las normas internacionales que prohíben el uso de armas de fuego con munición letal para controlar las protestas, la información recopilada apunta a que en múltiples casos la Policía y el Ejército peruanos recurrieron a este tipo de violencia como “uno de los principales métodos para dispersar las manifestaciones, incluso cuando no existía riesgo aparente para la vida de otras personas”, puntualizó Amnistía.

De los 12 casos de personas fallecidas documentadas por Amnistía hasta ahora, todos incluyen disparos en el pecho, torso o cabeza, lo que podría ser indicativo, en algunos casos, de un uso intencional de la fuerza letal.

La Fiscalía debe disponer de manera urgente de recursos y tiempo para la investigación de las violaciones graves de Derechos Humanos. Demorar y descuidar esta labor contribuye a crear un clima de impunidad,” manifestó Marina Navarro, directora ejecutiva de Amnistía en Perú.

PETICIONES AL GOBIERNO PERUANO

Amnistía Internacional, cuyos representantes se reunieron con la propia presidenta peruana, recomendó un enfoque antirracista para hacer frente a las protestas y solicitó un cambio de tácticas en la gestión de las manifestaciones.

Para la ONG es de vital importancia que la Fiscalía investigue a los posibles responsables de violaciones de Derechos Humanos hasta el más alto nivel, lo que incluye realizar todas las diligencias necesarias de forma pronta y exhaustiva, asegurando recursos y personal suficiente a las fiscalías especializadas en Derechos Humanos. (Europa Press).