Lima.- El presidente de la República, Pedro Castillo, dijo estar “satisfecho” luego de la diligencia en la cual respondió por unas cuatro horas ante la Fiscalía de la Nación, y evitó dar detalles de su testimonio ante la prensa al señalar que todo se encuentra en investigación.

“Estamos dispuestos a seguir respondiendo porque el Perú necesita que aclaremos las cosas y lo vamos a seguir haciendo. Satisfecho y de acá en horas de la tarde tenemos una reunión para que autoridades, incluido el Fiscal de la Nación, vamos a ver cómo trabajamos en el marco de la reforma de justicia”, aseveró ante la prensa.

“Todas las preguntas, no voy a dar mayor detalle porque está en un proceso de investigación”, se limitó a comentar cuando se le hicieron consultas sobre la investigación por presuntos actos de corrupción, reportó El Comercio.

“Hemos estado donde corresponde estar, en una situación por parte de la fiscalía durante cuatro horas en las que hemos dado todo el tiempo y predisposición para responder todas las preguntas”, garantizó el jefe de Estado.

Cabe precisar que, actualmente, se espera que el Poder Judicial se pronuncie sobre la tutela de derechos que ha presentado la defensa legal de Pedro Castillo para anular la decisión del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, de abrir una investigación contra el jefe de Estado.

Castillo declaró ante la Fiscalía durante tres horas en un caso de supuesto tráfico de influencias y lavado de dinero, relacionado con la entrega de un contrato público valorado en 232,5 millones de soles (52 millones de euros).

El caso aborda la adjudicación de dicho contrato al Consorcio Tarata III para la construcción de un puente sobre el río Huallaga a su paso por el departamento de San Martín (norte), después de que una oficina del Ministerio de Transportes señalara que no cumplía con los criterios técnicos necesarios.

En concreto, la comparecencia del mandatario se ha llevado a cabo en la sede del Ministerio Público y ha estado a cargo del fiscal supremo adjunto, Samuel Rojas, coordinador del Área de Enriquecimiento Ilícito y Denuncias Constitucionales, tal y como ha recogido El Comercio.

Castillo ingresó en el edificio caminando, con fuertes medidas de seguridad y miembros de la Policía peruana haciendo un cordón policial debido a las protestas que se han registrado en el exterior, con pancartas y megáfonos.

Según el diario La República, es el primer jefe de estado en el cargo que responde ante la Fiscalía en calidad de investigado por presuntos actos de corrupción en el marco de una investigación preliminar abierta por el fiscal Pablo Sánchez.

Castillo aseguró este jueves que asistiría a la citación «para dar la cara», pese a que su defensa legal sustentó en vísperas del interrogatorio un requerimiento para dejar sin efecto la investigación fiscal, tal y como ha recogido la peruana RPP.

«Estoy sometido a una serie de algunas investigaciones y acusaciones también. Asistiré a todas, iré a todas, porque de eso se trata, dar la cara donde nos tienen que llamar», señaló.

El mandatario peruano fue incorporado a finales de mayo a las pesquisas que ordenó Sánchez en contra del exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Silva y seis congresistas de Acción Popular conocidos como “Los Niños” por la empresaria Karelim López, por presunto tráfico de influencias.

Según la Fiscalía, la presunta organización criminal contó con dos grupos con tareas definidas. El primero captaba y negociaba con empresarios y estuvo conformado por el exsecretario general de la Presidencia Bruno Pacheco, el empresario Zamir Villaverde y dos sobrinos del presidente: Fray Vásquez Castillo y Gian Marco Castillo Gómez.

La investigación gira en torno a las declaraciones de López, quien se habría reunido en el Palacio de Gobierno con Pacheco y los sobrinos de Castillo, quien aseguró que Villaverde presentó al empresario Luis Pasapera un listado de obras del Ministerio de Transportes, a las que podían presentarse sus empresas sin necesidad de concurso público.

El segundo grupo sería el responsable de la ejecución del delito favoreciendo a determinadas empresas en las contratas y estaría integrado por funcionarios de Provías Descentralizado, previamente designados por el exministro Silva. La Fiscalía sostiene que la organización tenía una estructura vertical, con integrantes en distintos niveles.

Zoraida Ávalos, la anterior fiscal de la Nación, abrió dos investigaciones contra el presidente Castillo, aunque las suspendió hasta el término de su mandato, previsto para julio de 2026. Una fue por las presuntas irregularidades en Petroperú y Provías Nacional, y la otra por los ascensos en las Fuerzas Armadas y Policía Nacional. (Agencias)