Bogotá.- Al menos 78 defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en 2021, una cifra que podría aumentar si se comprueban otros 39 casos que están aún en investigación, informó ayer una agencia de las Naciones Unidas.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) recibió 202 denuncias de asesinatos de líderes de derechos humanos en el país sudamericano el año pasado, de los cuales 85 no fueron concluyentes.

La violencia contra los líderes sociales, así como las masacres de civiles, se convirtieron en uno de los principales problemas para el Gobierno colombiano, blanco de frecuentes críticas de la comunidad internacional y de organizaciones no gubernamentales que exigen acciones para frenar las muertes.

En un informe similar publicado en marzo de 2021, la ACNUDH documentó 53 asesinatos de defensores de los derechos humanos, así como otros 80 casos que aún estaban por verificar.

No está claro cuántos de esos 80 casos se han verificado o descartado desde que se publicó el informe el año pasado.

Las cifras sobre violencia contra líderes sociales y defensores de derechos humanos causan polémica y no coinciden en el país sudamericano de 50 millones de habitantes.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), una organización no gubernamental, contabilizó 171 líderes asesinados en 2021 en diferentes regiones del país.

El grupo Human Rights Watch (HRW) dijo en otro informe publicado el jueves que más de 500 defensores de derechos humanos han sido asesinados desde 2016, convirtiendo a Colombia en uno de los países con las estadísticas más elevadas de homicidios de líderes sociales a nivel mundial.

“La mayoría de estos asesinatos ocurrieron en zonas donde son comunes las actividades económicas ilegales, incluyendo, entre otras, la producción y el tráfico de drogas”, aseguró HRW que mencionó los departamentos de Putumayo, Cauca, Valle del Cauca, Nariño, Antioquia y Norte de Santander como las regiones más críticas.

Colombia enfrenta un conflicto armado de casi seis décadas que ha dejado unos 260.000 muertos y millones de desplazados en el que guerrillas izquierdistas, bandas criminales que surgieron de escuadrones paramilitares de derecha y las Fuerzas Armadas del Estado se enfrentan.

El Gobierno del presidente Iván Duque responsabiliza de los asesinatos de los líderes sociales a la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, a las disidencias de las FARC que se apartaron de un acuerdo de paz firmado en 2016 y a bandas criminales como el Clan del Golfo, que luchan por el control territorial de zonas estratégicas para el narcotráfico y la minería ilegal. (Reuters)