La Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos remitió un comunicado al Gobierno andino en el que reconoce haber recibido información sobre el uso excesivo de la fuerza provocando un elevado número de muertes ilícitas, así como decenas de heridos.
El escrito fue remitido al Ejecutivo el pasado viernes y cuenta con la rúbrica de Beatriz Balbín, jefa de la subdivisión de los procedimientos especiales.
Asimismo, el organismo de Naciones Unidas alertó de la presunta utilización abusiva de los tipos penales de terrorismo en contra de los manifestantes y disidentes, detenciones supuestamente arbitrarias, casos de estigmatización y violación al debido proceso, e incluso un caso de desaparición forzada.
En la misma línea, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos puso la lupa sobre el allanamiento a la Universidad de San Marcos, intervenciones y detenciones sin presencia de fiscales o abogados, así como el uso del «terruqueo» acusaciones de vínculos con el terrorismo con acusaciones «abusivas» contra manifestantes.
En el apartado de los manifestantes fallecidos, el organismo de la ONU resaltó especialmente los enfrentamientos en Apurímac, con resultado de seis muertos; los de Ayacucho, donde fallecieron otras diez personas; y los de Juliaca, donde perdieron la vida cerca de una veintena de civiles.
En base a estas informaciones, el organismo solicitó al Gobierno de Boluarte una respuesta en un plazo inferior a dos meses, instando a las autoridades a que adopte todas las medidas necesarias para proteger los derechos y las libertades de la población.
Finalmente, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos exigió al Ejecutivo andino investigar, procesar e imponer las sanciones adecuadas a cualquier persona responsable de las violaciones alegadas. (Europa Press)