Investigadores de Naciones Unidas denunciaron posibles crímenes de guerra y contra la humanidad en el marco del conflicto desatado en noviembre de 2020 en la región etíope de Tigray.

La Comisión Internacional de Expertos de Derechos Humanos de la ONU ha indicado en su informe que “hay motivos razonables para creer que violaciones como ejecuciones extrajudiciales y muerte por hambre de la población civil como medio de guerra han sido cometidos en Etiopía desde el 3 de noviembre de 2020”.

“La comisión encuentra indicios razonables para creer que, en múltiples instancias, estas violaciones equivalen a crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad”, resaltó.

Así, ha detallado que entre sus conclusiones figuran “fundamentos razonables” para creer que el Ejército etíope estuvo detrás de un ataque con artillería el 28 de noviembre de 2020 contra la capital de Tigray, Mekelle, que causó víctimas entre la población civil.

“Soldados del Ejército etíope cometieron ejecuciones extrajudiciales generalizadas, violaciones y otras formas de violencia sexual y saqueos durante el periodo de siete meses entre el 28 de noviembre de 2020 y el 28 de junio de 2021”, ha denunciado.

Además, ha apuntado al Ejército como responsable de un ataque con dron en enero de 2022 contra un campamento de desplazados que mató e hirió a 60 civiles, antes de responsabilizar al Frente Popular para la Liberación de Tigray

(TPLF) de asesinatos, violaciones y saqueos en Kobo y Chenna entre agosto y septiembre de 2021.

Los investigadores han denunciado que la violencia ha sido perpetrada a una escala abrumadora desde el inicio del conflicto. “Si bien diferentes comunidades se han visto afectadas, las mujeres y niñas tigrayanas han sido víctimas de una violencia y brutalidad particular”, ha lamentado.

“Muchas de las violaciones documentadas por la comisión fueron hechos en grupo perpetradas por miembros del Ejército etíope, el Ejército de Eritrea o (la milicia de Amhara) Fano”, explicó.

“Las fuerzas tigrayanas también han cometido mucha violencia contra refugiados eritreos. Esto incluye a dos refugiados, cuando huían de su campamento en 2022”, han reseñado en su informe.

Por otra parte, han destacado que cerca de 20 millones de personas necesitan ayuda humanitaria y protección en Etiopía, tres cuartas partes de las cuales son mujeres y niños, mientras que el conflicto en el norte en Etiopía ha derivado en desplazamiento, destrucción es infraestructura esencial y falta de servicios básicos.

La comisión ha indicado que existen también “indicios razonables” para pensar que “el Gobierno federal y los gobiernos regionales aliados han aplicado un abanico de medidas diseñadas para privar de forma sistemática a la población de Tigray de materiales y servicios indispensables para su supervivencia, incluida sanidad, cobijo, agua, higiene, educación y alimentos”.

INVESTIGACIONES EXHAUSTIVAS

Por todo ello, ha pedido investigar de forma exhaustiva las “matanzas a gran escala” en Tigray y Oromía –donde el Ejército de Liberación Oromo (OLA) ha sido acusado de numerosos ataques–, así como aquellos indiscriminados” del TPLF contra localidades en Afar y el asesinato de civiles por parte de las fuerzas de esta región.

“La comisión está profundamente preocupada por sus conclusiones porque reflejan una profunda polarización y odio en torno a líneas étnicas en Etiopía. Esto ha creado un preocupante ciclo de violencia extrema y venganza que eleva la amenaza inminente de atrocidades más pronunciadas”, ha advertido.

En este sentido, señaló que en la actualidad existe una “difusión de un discurso de odio”, “una politización de la identidad”, “una proliferación de las milicias locales y otros grupos armados”, “unos tipos de violencia particularmente deshumanizadores causados a civiles en base a su identidad”, “controles estrictos a los canales de comunicación, incluidos bloqueos de Internet”, “detenciones arbitrarias por motivos étnicos” y “obstrucción del acceso humanitario y ataques contra trabajadores humanitarios”.

Así, ha solicitado un “fin inmediato de las hostilidades y las violaciones de los Derechos Humanos”, medidas para proteger a los civiles y el cese de “todas las actividades que puedan desencadenar atrocidades, incluida la diseminación de discurso de odio”.

La comisión ha reclamado además al Gobierno etíope que garantice un acceso sin restricciones a las organizaciones humanitarias, que se comprometa con un proceso de paz y que “investigue y lleve ante la justicia a los miembros de sus fuerzas responsables de violaciones graves de los Derechos Humanos”.

Por último, ha pedido a Eritrea que investigue igualmente a los militares eritreos responsables de abuso y ha solicitado al TPLF que “cumplan su responsabilidad de garantizar que las agencias humanitarias pueden operar sin impedimentos en Tigray”, se comprometan con un proceso de paz y garanticen igualmente la rendición de cuentas entre sus fuerzas por los citados abusos. (Europa Press)