La Organización Naciones Unidas (ONU), las ONG Amnistía Internacional y Human Rights Watch (HRW) declararon ayer un repudio contra la condena a 34 años de prisión dictada contra la estudiante saudí Salma al Shehab por expresar su opinión en redes sociales sobre la situación de los Derechos Humanos en el país.

Al Shehab, detenida en enero de 2021, fue inicialmente condenada a seis años de cárcel pero, después de una apelación ante el Tribunal Penal Especializado el 9 de agosto, un juez acabó elevando la pena a 34 años de prisión «en un juicio manifiestamente injusto», según Amnistía.

La portavoz de la oficina de Derechos Humanos de Naciones Unidas Liz Throssell se ha declarado «estupefacta por la decisión» y ha señalado que la estudiante de la Universidad de Leeds (Reino Unido), de 34 años, «nunca debió haber sido arrestada para empezar».

Esta sentencia «extraordinariamente larga», lamentó Throsell, es un ejemplo más «del efecto aterrador» que provoca la Judicatura saudí entre los opositores y la sociedad civil de Arabia Saudí, así como de «la capacidad de las autoridades saudíes para instrumentalizar las leyes antiterroristas del país en forma de armas contra quienes alzan su voz en contra».

Naciones Unidas pidió a Arabia Saudí no solo la liberación de Al Shebab, sino también que revise absolutamente todas las condenas emitidas contra los defensores de la libertad de expresión, dentro de un «nuevo y robusto» marco de protección para los disidentes.

Por su parte, la directora adjunta en funciones de Amnistía Internacional para Oriente Próximo, Diana Semaan, ha hecho especial hincapié en que Al Shehab no solo pertenece a la minoría chií del país — tradicionalmente perseguida en Arabia Saudí — sino que además le ha añadido una condena adicional por la que impide a la estudiante que salga del país durante el mismo tiempo que pasará en la cárcel.

Semaan condenó «una pena cruel e ilegítima simplemente por publicar en Twitter y retuitear a activistas que apoyan los derechos de las mujeres», una que le fue impuesta tras permanecer recluida en régimen de aislamiento prolongado y sin representación legal durante 285 días antes de comparecer ante el tribunal, en incumplimiento de las normas internacionales y la Ley de Procedimiento Penal de Arabia Saudí.

La directora en Washington D.C. de Human Rights Watch, Sarah Yager, aseguró directamente que la sentencia es «absurda incluso para Arabia Saudí» al entender que se trata de una acumulación de condenas tras condenas amparadas sin fundamento en la ley antiterrorista del país, que contempla al menos diez años de cárcel para quienes participen en redes sociales «contra la seguridad del Estado» o «difundir rumores falsos o maliciosos», más otro año por delitos informáticos, más otra sentencia «discrecional» de cinco años.

HRW vinculó además esta sentencia con la reanudación de contactos públicos entre la comunidad internacional y el príncipe heredero de Arabia Saudí, Mohamed bin Salmán, acusado en su momento por los servicios de Inteligencia de Estados Unidos por el asesinato del periodista Yamal Jashogi en el consulado saudí de Estambul.

«Una pena de prisión de 34 años para una mujer saudí por una pequeña presencia en las redes sociales es un claro indicador de que el liderazgo saudí está intensificando la represión a medida que emerge de su aislamiento diplomático, y que ahora están trabajando a toda máquina para aplastar a todos y cada uno de los disidentes», ha lamentado Yager. (Europa Press)