Kiev.- La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció ayer que al menos 689 civiles han muerto a causa del «uso generalizado» de bombas de racimo por parte de Moscú en el marco de la invasión rusa a Ucrania, siendo este país el único en el mundo en el que se utiliza este tipo de armamento.
«El sufrimiento inmediato y a largo plazo que las bombas de racimo causan a los civiles hace que su uso hoy en Ucrania sea inconcebible e ilegal», explicó la directora de defensa de las armas de HRW, Mary Wareham, agregando que «todos los países deben condenar el uso de estas armas bajo cualquier circunstancia».
Un nuevo informe de cien páginas llamado Control de Bombas de Racimo 2022 informó de que al menos 149 personas han muerto por restos de bombas de racimo en 2021 en comparación con años anteriores, que fueron 360 en 2020 y 317 en 2019.
Sin embargo, este descenso se ha visto ensombrecido por el número de ataques con bombas de racimo durante la invasión rusa de Ucrania. En concreto, los datos preliminares indican que al menos 689 civiles han muerto durante distintos ataques con este tipo de armamento en el marco de la guerra en el país.
El comunicado remitido por Human Rights Watch reflejó también que las fuerzas ucranianas también han utilizado misiles con bombas de racimo en al menos dos ocasiones. Este tipo de armamento puede ser lanzado desde tierra por artillería, cohetes y morteros, o desde el aire con aviones.
«Desafortunadamente, los niños constituyeron dos tercios de todas las víctimas de los restos de bombas de racimo (en todo el mundo). Estas armas nunca deben usarse en ningún lugar», explicó la editora del informe, Loren Persi.
La ONG recordó que hay una «extrema necesidad» de limpieza de las áreas contaminadas, así como una mayor educación para comprender los riesgos que comportan los restos de las bombas de racimo, y un mayor apoyo a las víctimas y sus familias.
Hasta la fecha, 37 estados que forman parte de la Convención sobre Municiones de Racimo han completado la destrucción del 99 por ciento de sus reservas -que corresponde a 1,5 millones de bombas de racimo-, aunque hay todavía al menos 26 países y otras tres áreas que continúan contaminados por explosivos sin detonar.
Una de las principales preocupaciones que las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos para reclamar el fin de las bombas de racimo es su carácter indiscriminado, tanto a la hora de explotar y separarse en distintas submuniciones en un primer momento como por la posibilidad de que algunas de estas queden en el suelo, sin estallar.
Finalmente, la directora de defensa de las armas de la ONG, Mary Wareham, explicó que aquellos gobiernos que aún no se hayan sumado a la Convención «deben revisar su posición y unirse a otros para ayudar a librar al mundo» de este tipo de armamento. (Europa Press)