La medida, la última de una serie de clausuras bajo el gobierno del presidente Daniel Ortega que la oposición ha tildado de ataque a la sociedad civil, señala que los grupos «incumplieron con las obligaciones establecidas por la legislación nacional».
En un comunicado difundido la noche del miércoles, los legisladores informaron de la decisión, que pondrá fin a una actividad de más de 34 años de Las Misioneras de la Caridad en Nicaragua, donde trabajan con comunidades empobrecidas.
Desde 2018 Ortega y sus aliados cerraron 770 organizaciones no gubernamentales, muchas de las cuales habían criticado abiertamente al gobierno. Los legisladores han argumentado que las ONGs habían violado las leyes locales.
El gobernante, uno de los líderes de la rebelión sandinista que derrocó al exdictador Anastasio Somoza en 1979, asumió el cargo por cuarto mandato consecutivo como presidente en enero, dos meses después de ganar una elección calificada de fraudulenta por Estados Unidos y otras naciones occidentales.
En marzo, el Vaticano protestó ante Nicaragua por la expulsión de su embajador en Managua, diciendo que la acción unilateral era injustificada e incomprensible.
El arzobispo Waldemar Sommertag, quien ejercía de nuncio desde 2018, tuvo que abandonar el país abruptamente después de que el Gobierno le retirara su credencial diplomática.
«El régimen de Ortega en Nicaragua ha cancelado sistemáticamente el registro legal de organizaciones de derechos humanos y otras ONG en un esfuerzo por demoler las pocas trincheras de la democracia que aún sobreviven en el país», señaló Juan Pappier, investigador principal sobre América Latina de Human Rights Watch. (Reuters)