«Sin un fin de la violencia y una solución pacífica a la crisis en Birmania, esta cifra sólo aumentará», ha manifestado, en un mensaje publicado coincidiendo con el primer aniversario de las elecciones parlamentarias del 8 de noviembre de 2020, cuyos resultados fueron anulados a través de un golpe de Estado militar en febrero.
Así, recordó que desde la asonada del 1 de febrero «miles de personas se han visto forzadas a huir de sus hogares a causa de la violencia en el país, con 223.000 desplazados internos, incluidos 165.000 en el sureste del país que se suman a un número significativo de personas ya desplazadas en los estados de Rajine, Chin, Shan y Kachin antes del alzamiento».
Griffiths ha hecho hincapié en que «el desplazamiento a largo plazo sigue sin resolverse, con 144.000 rohingyas aún confiados en campamentos e instalaciones similares en Rajine, muchos después de su desplazamiento en 2012, mientras que más de 105.000 personas siguen desplazadas en Kachin y Shan desde hace muchos años».
«Estoy cada vez más preocupado por las informaciones sobre el aumento de la inseguridad alimentaria en zonas urbanas y sus alrededores, incluidos Rangún y Mandalay», dijo, al tiempo que ha incidido en que «durante las últimas semanas la situación en el noroeste del país se ha convertido en extremadamente preocupante por el repunte de las hostilidades entre el Ejército y la Fuerza de Defensa de Chinlandia en el estado de Chin y con las Fuerzas de Defensa Popular en las regiones de Magway y Sagaing».
En este sentido, apuntó que «más de 37.000 personas, incluidas mujeres y niños, se han visto desplazadas, mientras que 160 casas han sido incendiadas, incluidas iglesias y oficinas de una organización humanitaria».
«Los ataques contra civiles e infraestructura civil, incluidos trabajadores humanitarios y sus instalaciones, están claramente prohibidos por el Derecho Humanitario y deben detenerse inmediatamente», añadió.
«Los trabajadores humanitarios están entregando ayuda a los que la necesitan en Birmania. Este año han alcanzado a más de 1,67 millones de personas con comida, dinero en efectivo y asistencia nutricional», resaltó Griffiths, quien ha criticado las «extremas limitaciones» al acceso humanitario por «impedimentos burocráticos por parte de las Fuerzas Armadas». (Europa Press)